El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) solicita que el coste de todas las pruebas diagnósticas para detectar contagio por COVID-19 de personas con discapacidad atendidas en recursos sociales, así como del personal que les presta apoyo, sea asumido por las respectivas Administraciones, al tratarse de una cuestión de salud pública.

Tal y como señala el CERMI, las personas con discapacidad que reciben atención en recursos como residencias, viviendas de apoyo, centros de día y ocupacionales, servicios de atención temprana o de asistencia personal, por citar solo algunos, y los profesionales que prestan sus servicios en los mismos, son un grupo especialmente expuesto a la enfermedad, por lo que es de “interés público sanitario” el que se conozca su situación de salud a través de la realización universal y sin coste de las pruebas diagnósticas del COVID-19.

Y es que en estos momentos, el régimen en las comunidades autónomas es, a juicio de esta entidad, de “absoluta disparidad”. En este sentido señala que “en unas pocas el coste de estas pruebas corre a cargo de la Administración sanitaria o social competente, pero en la mayor parte de los territorios este debe ser asumido por la organización social que gestiona el recurso, o por la propia persona con discapacidad o su familia”.

Al este respecto, el movimiento asociativo de la discapacidad entiende que “en una situación de pandemia, todos los actos sanitarios que contribuyan a la prevención o control de la enfermedad, son asuntos de salud pública de primer orden, por lo que han de recaer necesariamente en las Administraciones, y no en las personas más vulnerables al contagio y al impacto de la enfermedad”.

Hacer recaer el coste en las personas usuarias de estos servicios sociales, es, según el movimiento CERMI, “profundamente injusto, un factor que fragiliza la respuesta a la pandemia, pues muchas personas no podrán hacer frente al gasto que suponen la pruebas y quedarán desprotegidas, ellas y su entorno”.

Por ello, el CERMI exige al Estado y a las Comunidades Autónomas que, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se adopten “con urgencia” sendos acuerdos con criterios uniformes de gratuidad y universalidad de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en el ámbito de la discapacidad.

Refundación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

En otro orden de cosas, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ha calificado como «fallido» al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) creado por la Ley 39/2006, y urge a una refundación ambiciosa a través de un gran pacto político, institucional y social.

A juicio de esta entidad, casi 14 años después de su creación, el SAAD está muy lejos de haberse consolidado como nuevo dispositivo de protección social de las situaciones de personas que por edad o discapacidad precisan de apoyos intensos para su autonomía personal y su inclusión en la comunidad. 

La percepción generalizada entre sus destinarios (personas mayores y personas con discapacidad, y sus familias) es que el SAAD está constituyendo un fracaso colectivo, una promesa de mejora social no cumplida, por cuanto no responde a las elevadas expectativas que despertó en los grupos cívicos más necesitados de protección y apoyo.

Por ello, el CERMI insta al Gobierno de España, a través de la Vicepresidencia Social, a que lidere un proceso político y social de debate y acuerdo, entre todos los grupos de interés concernidos -partidos políticos, Administraciones, agentes y sectores sociales, profesionales, academia, etc.- que permita la refundación del SAAD, en clave de derechos, suficiencia y sostenibilidad económicas, participación y orientación a la autonomía personal y vida independiente.