En el marco del I Congreso Nacional COVID-19, 55 sociedades científicas han suscrito un Manifiesto demandando a las administraciones españolas una respuesta a la COVID-19 “coordinada, equitativa y basada en la evidencia científica”.

El objetivo de este Manifiesto, suscrito por los 171.356 profesionales sanitarios representados por estas 55 sociedades científicas, es poner a disposición de las autoridades sanitarias, y la opinión pública en general, un documento de reflexión para “mejorar la gestión de la pandemia en nuestro país”, a través de doce recomendaciones o pautas de actuación que van desde la necesidad de guiar la toma de decisiones por “criterios estrictamente sanitarios, basados en la mejor evidencia científica disponible, y desligados de cualquier otro interés que no atienda al interés general de la población” hasta “garantizar la coordinación territorial” y “una protocolización nacional de mínimos”, pasando por el rechazo a la discriminación de edad y de cualquier otro tipo en “el acceso equitativo de la ciudadanía a los recursos sanitarios, preventivos y terapéuticos más adecuados que requiera su situación clínica”.

En la presentación de este Manifiesto el doctor Antonio Rivero, presidente del Comité de Organizador del I Congreso Nacional COVID-19, calificó la situación actual de “muy preocupante”, señalando que “los profesionales sanitarios tenemos pensamos que la gestión de la pandemia es mejorable”, por lo que pide a las administraciones que reaccionen y a los ciudadanos que colaboren para evitar un nuevo desbordamiento del sistema sanitario. “Por un compromiso ineludible con la sociedad es nuestra obligación es proponer estrategias que permitan mejorar la gestión y esto es lo que pretendemos con este Manifiesto, que tiene unos firmantes con autoridad moral suficiente para exigir que sus recomendaciones sean al menos tenidas en consideración”, afirma el doctor Rivero.

El Manifiesto comienza solicitando a “todas las personas e instituciones que tienen responsabilidades políticas en la gestión de la pandemia, que tanto en la expresión pública de su posicionamiento como en la toma de decisiones se guíen por criterios estrictamente sanitarios”, subrayando que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de que “la ciencia juegue un papel más relevante en la esfera pública” y de que se establezcan procedimientos entre la comunidad científica y los centros de decisión política para garantizar que “las medidas y estrategias adoptadas responden a la mejor evidencia”.

Las sociedades científicas firmantes consideran imprescindibles también la “lealtad y colaboración entre partidos políticos e instituciones” y apelan a la responsabilidad de los representantes públicos “para alcanzar un clima de diálogo y consenso que permita adoptar las mejores decisiones y estrategias en la gestión de la pandemia” y para mejorar las futuras actuaciones “sin ánimo recriminatorio, y asumiendo la conveniencia y necesidad del aprendizaje continuo en una situación que ha sobrepasado las previsiones del conjunto de la Humanidad”.

Asimismo, y hasta que haya vacunas o fármacos seguros y eficaces para la prevención o el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, este documento recalca que “las medidas no farmacológicas de salud pública son el pilar de control de la pandemia”, por lo que piden que se dote a los organismos gestores de la crisis, en cualquiera de los niveles de organización del país, de “las herramientas legales, técnicas y administrativas necesarias para implementar medidas de Salud Pública de forma rápida”, estableciéndose todas las modificaciones legales y administrativas necesarias para ello.

Las sociedades científicas firmantes del Manifiesto demandan asimismo un protocolo nacional de mínimos que, sin perjuicio las oportunas diferencias territoriales, marque los principios de actuación en aspectos como “las medidas generales de prevención, el manejo de los pacientes infectados, las estrategias de rastreo de los contactos y la gestión de los centros socio-sanitarios”, con “criterios comunes de actuación e indicadores comunes de evaluación”.

En este sentido, piden a las autoridades sanitarias que garanticen “el principio de equidad de toda la población residente en España en el acceso tanto a las estrategias preventivas como a los recursos sanitarios frente a la infección por SARS-CoV-2” y subrayan que “es imprescindible constituir una reserva estratégica nacional de material destinado tanto a la prevención como al tratamiento de los pacientes afectados por la COVID-19”. Por lo que “es necesario fortalecer y reforzar los mecanismos de coordinación entre las autonomías y el gobierno del país”.

También se recalca el mayor impacto clínico y mortalidad de la primera oleada de la COVID-19 en las personas de mayor edad y exige que para esta segunda oleada se garantice, con criterios de equidad, y sin discriminación, “el acceso de toda la ciudadanía a los recursos sanitarios, preventivos y terapéuticos más adecuados que requiera su situación clínica y con independencia de la edad de las personas, de su nivel cultural o socio-económico, o de su lugar de residencia”.

Asimismo, el documento indica la importancia de «minimizar el impacto de la pandemia en la atención sanitaria de pacientes con otras patologías graves y problemas de salud”, para lo que piden una “planificación de priorizaciones, cambios organizativos y provisiones necesarias” para garantizar que “todas las personas de nuestro sistema sanitario reciban la atención adecuada a su patología, sea cual sea”.

De cara a la ciudadanía en general, se pide que se cumpla con “las normas y recomendaciones que en materia de prevención sean emitidas por las autoridades sanitarias”. “No hay justificación alguna para el comportamiento de aquellas personas que al eludir las medidas de aislamiento ponen en riesgo la salud y la vida de las personas de su entorno laboral, social y familiar”, denuncia el Manifiesto, que recuerda a las administraciones que su deber no es solo dictar las medidas de prevención, sino “hacerlas cumplir sin ambigüedades y sin excepciones”.

El Manifiesto también alude a los medios de comunicación y líderes de opinión, a los que solicita su “compromiso e implicación en la lucha contra la desinformación, la generación de falsas noticias y campañas negacionistas” y para que, llegado el momento, “incidan en la importancia de la vacunación”. Igualmente, advierte de la importancia de la multidisciplinariedad y subraya que la respuesta a los nuevos desafíos sanitarios solo podrá llegar desde la colaboración de las diferentes profesionales y especialidades sanitarias.

Finalmente, los firmantes de este documento demandan el diseño y, sobre todo, la puesta en marcha de planes estratégicos para el desarrollo de la ciencia y la investigación, y se lamentan de que “en nuestro país los recursos destinados a investigación son muy inferiores a los de países de nuestro entorno”.

Las personas interesadas pueden consultar aquí este Manifiesto.