El ‘Informe España Derechos Humanos y Discapacidad 2019’, elaborado por el CERMI con el apoyo de la Fundación La Caixa, pone de manifiesto que la desigualdad de oportunidades que dejó 2019 para las personas con discapacidad todavía se agravará más por culpa de la pandemia.

El CERMI advierte del agravamiento de esta falta de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad debido a las consecuencias humanitarias, sociales y económicas de la pandemia de coronavirus, tal y como destacó el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, durante la presentación del ‘Informe España Derechos humanos y Discapacidad 2019’, elaborado por el CERMI gracias al apoyo de la Fundación La Caixa. Se trata de un trabajo que ofrece una radiografía minuciosa de la evolución de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en España.

En concreto, el informe correspondiente a 2019 está formado por un 74% de denuncias, un 19% de avances en materia de igualdad de derechos y oportunidades y un 14% de propuestas de mejora, teniendo en cuenta el marco de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como imperativo legal para el Estado español.

Según revela el informe, en 2019 los casos de discriminación no han cesado: se ha expulsado a niñas y niños con discapacidad de campamentos de verano, se ha puesto de relieve las barreras en la movilidad o en espacios culturales y se han evidenciado las carencias de las escuelas, que dejan muy en precario el derecho fundamental a la educación para estas personas.

La pobreza: amiga inseparable de las personas con discapacidad

El informe señala que siguen sin darse pasos tangibles que sirvan para garantizar el derecho a la vida en comunidad, sin que los centros institucionalizados sean la única alternativa para muchas personas con discapacidad, al tiempo que critica que España continúe sin implementar una estrategia global de lucha contra el suicidio, primera causa de muerte no natural en el país.

Asimismo, advierte también que la infancia con discapacidad se encuentra más expuesta a las diferentes formas de violencia, y documenta en un capítulo específico cómo la pobreza se convierte en “una amiga inseparable” de las personas con discapacidad, ofreciendo datos que revelan esta desoladora afirmación.

El informe, elaborado desde una perspectiva de género, dedica un capítulo a las quiebras que encuentran las mujeres y niñas con discapacidad en el acceso al derecho humano a la salud, poniendo de manifiesto como una mera exploración ginecológica se convierte en una gesta imposible. Igualmente, reproduce las observaciones dadas al estado español por Naciones Unidas tras el último examen sobre el grado de cumplimiento de la Convención de la Discapacidad en España. El hecho de que la discapacidad siga siendo una de las razones más frecuentes en los delitos de odio y las quiebras del derecho a la vivienda son otros aspectos sobre los que llama la atención el informe del CERMI Estatal.

Eso sí, pese a este saldo negativo, los avances documentados por el CERMI han repuntado en 2019 un 36% en comparación con 2018, que versan, principalmente, sobre la toma de conciencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, accesibilidad universal, movilidad personal y derecho al empleo.

Promover la igualdad entre las persona

Durante la presentación del informe, Joana Prats, directora de Colaboraciones con Entidades Sociales y Proyectos Transversales de Fundación La Caixa, destacó que “uno de los objetivos de nuestra entidad es promover la igualdad entre las personas y que nadie se sienta discriminado. Los datos que arroja el informe ponen de relieve la necesidad de seguir trabajando en esta línea”.

El presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz, defendió que “este es un país que ha avanzado mucho en el reconocimiento y aceptación de las personas con discapacidad, aunque nos queda mucho por hacer”. Además, ha indicado que, “sin que sirva de excusa, es normal que en los últimos años hayamos ido más lentos”, en alusión al contexto político que se ha vivido de períodos de gobiernos en funciones, repeticiones electorales y la irrupción de la pandemia.

Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra y Miembro del Consejo de Administración de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2015-2020), Alex Saiz, resaltó que se han producido importantes avances, aunque ha calificado la realidad que muestra el informe del CERMI como “panorama desolador”, por lo que ha avisado de que “o los poderes públicos se vuelcan” en cuestiones como la lucha contra los mayores niveles de pobreza de las personas con discapacidad “o el panorama será mucho peor”.

Y a nivel europeo, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra explicó que “es un buen momento” para incorporar las cuestiones de discapacidad a la agenda comunitaria, porque se está trabajando ahora en la nueva Estrategia Europea sobre Discapacidad.

Mikel Mancisidor, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, expresó su preocupación por las vulneraciones del derecho a la educación o a la vivienda, así como la mayor exposición a la pobreza energética o las barreras de acceso al mercado laboral.

Las mujeres y niñas con discapacidad sufren discriminación múltiple

La relatora del Comité de los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, Amalia Gamio, afirmó que “las organizaciones sociales es una de las cosas que más fuertes tiene España”, aunque criticó que la Convención Internacional de la Discapacidad no se haya aplicado adecuadamente tras más de una década de vigencia. También lamentó la discriminación múltiple que siguen sufriendo las mujeres y niñas con discapacidad y auguró que los próximos años son clave para avanzar en este sentido, teniendo como horizonte los tratados internacionales de derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por otro lado, el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención Internacional de la Discapacidad, Jesús Martín, puso de relieve que, “a la luz de este informe, se puede concluir que la discriminación es un crimen de poder, al determinarse por esa colectividad ‘estándar’ y ‘capaz’ qué espacios o qué derechos se conceden a los que se escapan de este patrón de medida ‘superior’, desde el cual se proyectan y diseñan productos, entornos y servicios para el desenvolvimiento individual y grupal”. A su juicio, “ha sido y es esa colectividad ‘perfecta’ la que ha decidido si las personas con discapacidad podemos vivir, participar y gozar de todos los derechos humanos”.

De cara al futuro, Martín se mostró “optimista” por la “fortaleza” de la sociedad civil organizada y porque “cada vez tenemos más aliados en el sector de la discapacidad para seguir avanzando”. En este mismo sentido se ha pronunciado también Amalia Gamio, quien ha arengado a que “siempre se busque la forma de que se puedan las cosas y no la explicación al por qué no es posible”.

Las personas interesadas pueden acceder aquí al informe completo ‘España Derechos Humanos y Discapacidad 2019’, elaborado por el CERMI con el apoyo de la Fundación La Caixa.