La Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores se ha elaborado el Manifiesto 2020, un documento en el que se recogen las principales reivindicaciones del movimiento de mayores en España y con el que se realiza una llamada de atención ante la vulneración de derechos sufrida con motivo de la pandemia de la COVID-19.

En este Manifiesto, que se presenta con motivo del Día internacional de las Personas Mayores (1 de octubre), se reivindica la necesidad y la urgencia de diseñar políticas públicas y estrategias de intervención desde un enfoque basado en derechos, en las que se potencie el empoderamiento de las personas mayores y con discapacidad, se cuente con su opinión y se abandone el enfoque asistencial y proteccionista de las políticas dirigidas a ellas.

En este sentido, la mesa estatal reivindica un cambio en el modelo de cuidados, una ley integral para los derechos de las personas mayores, la reforma de la ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores.

Desde la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores se recalca también que la crisis provocada por la COVID-19 ha tenido un impacto desproporcionado sobre las personas mayores, poniendo de relieve la profunda crisis estructural en el sistema de cuidados de larga duración y en las residencias, así como una falta de respuestas adecuadas a sus necesidades y derechos por parte de los poderes públicos. Por ello, esta entidad exige garantizar los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas mayores, especialmente en el caso de aquellas que se encuentran en situación de pobreza, exclusión social o viven en el medio rural.

Reivindicaciones ante el debate social sobre el modelo de cuidados

Ante la actual situación que estamos viviendo, las organizaciones de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores quieren recordar que es fundamental garantizar el derecho y el acceso a la sanidad pública de todas las personas mayores, en igualdad con el resto de los ciudadanos, y reforzar los servicios profesionales de atención domiciliaria y teleasistencia, entre otros, incluyendo al medio rural. Para ello, las organizaciones proponen reforzar y diseñar las políticas públicas dirigidas a las personas mayores desde un enfoque basado en derechos y no en un enfoque meramente asistencial que garantice la dignidad de todas las personas independientemente de sus circunstancias.

La Mesa Estatal propone al gobierno y los partidos políticos la elaboración de una Ley integral para los derechos de las personas mayores, rediseñar el SAD (Servicio de Atención a Domicilio), para configurar, junto a él, un conjunto de servicios integrados para la atención en domicilios que proporcionen atención primaria, teleasistencia, apoyo a las familias, centros de día, el desarrollo de la asistencia personal y la participación del voluntariado y otras iniciativas.

En este sentido, las organizaciones de la Mesa Estatal no creen conveniente crear nuevos recursos asistenciales de media o larga estancia, sociosanitarios o de cuidados intermedios, y propone cambiar el modelo sanitario actual, basado en la atención de agudos, y proporcionar apoyos distintos a los existentes, además de apostar por la innovación y las nuevas tecnologías.

Por otro lado, las 20 entidades del tercer sector relacionadas con la defensa de los derechos humanos y acción social firmante de este Manifiesto abogan por profesionalizar el sector de los cuidados mejorando la formación de las y los profesionales y de los y las cuidadoras no profesionales, a quienes se les debe facilitar también los medios y los apoyos necesarios. Entre estos apoyos, destacan la conciliación familiar y ayudas para la reincorporación al mercado laboral que favorezcan el cuidado de las personas mayores en su entorno familiar, evitando la institucionalización.

Además, a su juicio es fundamental apostar por el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro para la cobertura de servicios sociales, frente a otras entidades con fines lucrativos. Así mismo, consideran indispensable reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, para adaptar las prestaciones a la nueva realidad y demanda de cuidados, y poner en marcha políticas públicas dirigidas a evitar la discriminación de los mayores por razón de edad, en la que se destaque el valor y la ética de los cuidados, se promueva el envejecimiento activo y el ejercicio de sus derechos, como el acceso a la educación, el transporte, la vivienda o a la tecnología.

También consideran necesario apostar por un nuevo modelo habitacional de residencias y otros tipos de alojamientos basados en iniciativas de las propias personas mayores en los que, además de garantizarse la atención desde el SNS (Sistema Nacional de Salud), se trabaje con un enfoque de atención centrado en la persona, donde pueda prestarse el SAD.

Y para todo ello, las organizaciones exigen incluir en los presupuestos del Estado y de las Comunidades Autónomas recursos económicos que permitan mejorar la atención de las necesidades de las personas mayores y hacer un seguimiento de oficio de aquellas situaciones de vulnerabilidad e indefensión que pudiesen padecer.