El Consejo Fiscal propondrá en su próxima reunión a la persona que ha de ocupar la Fiscalía de Sala de Personas con Discapacidad y Personas Mayores, tal y como han informado desde la Fiscalía General del Estado (FGE).
Este anuncio se ha hecho público durante una reunión de trabajo mantenida por la Fiscalía General del Estadocon el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno; con la directora ejecutiva de la entidad, Pilar Villarino, y con el asesor jurídico, Óscar Moral.
Con esta designación se vera cumplida una de las demandas sostenidas del CERMI en el campo de la Justicia y culmina el proceso de creación de una Fiscalía Especializada en Personas con Discapacidad y Personas Mayores, con la categoría de fiscal de sala, ya que, a pesar de estar recogida desde 2017 en la normativa, faltaba convocar el concurso para nombrar al fiscal especializado.
El CERMI saluda esta decisión, puesto que el hecho de que se ponga en funcionamiento de forma efectiva la Fiscalía de Sala Especializada en Personas con Discapacidad y Personas Mayores permitirá reforzar la protección de los derechos de esta parte de la ciudadanía.
Además, en el encuentro, el CERMI ha calificado al Ministerio Fiscal como “aliado de las personas con discapacidad y sus familias para alcanzar la plena inclusión” y para luchar contra las situaciones de discriminación y ha agradecido el compromiso y la colaboración constante con el movimiento de la discapacidad organizado en torno al CERMI.
En la reunión, enmarcada en el convenio marco de colaboración entre ambas instituciones, se han repasado otras cuestiones de interés para las personas con discapacidad como el reforzamiento del papel del Ministerio Fiscal en la promoción y garantía de la accesibilidad universal; la vigilancia de los delitos de odio contra personas con discapacidad, en preocupante crecimiento, y la protección de las mujeres y niñas con discapacidad contra la violencia machista.
Proyecto de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal
Por otra parte, el CERMI ha pedido en el Congreso de los Diputados, “agilidad” y “consenso” a los partidos políticos durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de reforma del Derecho Civil y Procesal para migrar de un sistema de supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones para las personas con discapacidad que lo necesiten.
El presidente del CERMI ha expuesto ante la Comisión de Justicia de la Cámara Baja la posición de esta entidad sobre el Proyecto de Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, en trámite en el Congreso en estos momentos. El CERMI ha sido la entidad encargada de abrir una ronda de comparecencias de personas y organizaciones expertas convocadas por la Comisión de Justicia para que comparezcan y conocer de esta forma su posicionamiento.
“El sistema jurídico de sustitución vigente, que protege paternalistamente a la persona con discapacidad, incapacitándola, desposeyéndola de su capacidad jurídica, y colocándola al albur de otras instancias decisorias”, vulnera el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, asegura el presidente del CERMI.
En este sentido Pérez Bueno alerta del “efecto expansivo perverso” de la supresión de la capacidad jurídica, puesto que medidas como la exclusión del derecho al voto (vigente hasta 2018) o las esterilizaciones forzosas (en trámite para ser derogadas) “estaban conectadas” con las incapacitaciones.
Se trata de una reforma legal que ha sido elaborada durante años, con el concurso de ministros de Justicia de diferente signo político (Rafael Catalá, Dolores Delgado y Juan Carlos Campo), y con la participación del propio movimiento de la discapacidad. Por ello, aunque durante la tramitación parlamentaria se introduzcan mejoras en el Proyecto de Ley, el CERMI a las formaciones políticas “agilidad” en su aprobación y un “amplio consenso o unanimidad”.
“El nuevo paradigma sería no restringir, sino apoyar. No excluir, sino acompañar cuando sea preciso pero siempre respetando a la persona con discapacidad, a su autonomía, a sus deseos y preferencias y decisiones, igual en dignidad, en derechos y en capacidad y aptitud legales”, remarca Pérez Bueno. A su juicio, esta reforma es “un logro país” y “ensancha el espacio de derechos de las personas con discapacidad, que a veces percibimos como asfixiante”.
