Un artículo de Alfredo Escaja,
doctor en Ciencias de la Salud, presidente del
Consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León,
enfermero y antropólogo

En esta pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 se han puesto en evidencia muchos fallos del sistema sanitario; uno de los más terribles ha sido la constatación de que el sistema sanitario español ha incumplido su misión de universalidad y accesibilidad a la población y mucho menos a los grupos de población más vulnerables, como son las personas ancianas, con una salud muy frágil y con múltiples patologías.

Durante los meses de estado de alarma hemos visto en las noticias como residencias de personas mayores que están dedicadas a cuidar y proteger a sus residentes no lo hicieron. Los gobiernos respondieron tarde y mal y vemos como meses después de que se perdieran miles de vidas, sigue sin haber una evaluación, y por tanto, siguen sin ponerse las medidas adecuadas que sienten las bases de un sistema que proteja a las personas mayores.

A pesar de que España es uno de los países más envejecidos (y longevos) del mundo no ha apostado por un sistema que provea de cuidados de calidad a las personas mayores y se ha delegado esta función a la empresa privada. Castilla y León es una de las 3 comunidades autónomas con más elevado índice de Envejecimiento de España, según el INE (2020). La primera es el Principado de Asturias, 224,58; la segunda Galicia, con 202,27 y la tercera, Castilla y León, con 201,09.

Índice de Envejecimiento por Comunidad Autónoma

En Castilla y León, el modelo de gobierno donde las Dependencias de Sanidad y Servicios sociales son independientes, crea un problema aún mayor de descoordinación y de problemas de acceso a los servicios de salud, además de inequidades entre profesionales de enfermería. En Castilla y León y en España se ha dejado en manos de empresas, que por definición tienen ánimo de lucro y quieren sacar un rendimiento, los cuidados de las personas mayores.

Son reiterados los intentos de varias administraciones de reducir el personal sanitario que trabaja en las residencias, por la presión de la empresa privada que gestiona los centros de mayores ante el elevado coste de contratar a personal necesario que atienda las necesidades de las personas mayores, que requieren un alto nivel de cuidados. Los profesionales sanitarios que trabajan en los centros encargados de cuidar a las personas mayores son escasos. El resto del personal, los trabajadores y cuidadores están en muchos casos sobrepasados por la cantidad de personas que deben atender, y faltos de reconocimiento. 

Hay desde luego excepciones, y no dudamos de que en muchos casos los técnicos de cuidados suplen las enormes carencias con las que tienen que trabajar, con vocación y espíritu de solidaridad.

Pero esto no es suficiente para proveer de una atención adecuada, con un plan de cuidados profesional como los que requieren las personas dependientes, y que son la mayor parte de las personas que viven en las residencias. Y que además protejan la salud de las personas ante virus como el SARS-CoV-2  y otros problemas de salud, con protocolos adecuados y coordinación.

Son las Enfermeras, los profesionales más preparados para diseñar los planes profesionales de cuidados, poner en marcha los procedimientos y protocolos sanitarios para proteger a la población y liderar la atención sanitaria en los centros de personas mayores, cuyas necesidades son 100% de cuidados. Porque el principal problema es no contar por sus costes con personal suficiente y motivado. Desde Enfermeras, y Enfermeras Geriátricas y otro tipo de personal como gerocultores y auxiliares que estas personas requieren.

Somos una población muy envejecida y esto irá a más

En este contexto la sociedad necesita ahora más que nunca y en todos sus ámbitos una atención integrada de todos los servicios sanitarios y sociales y un liderazgo de la profesión enfermera, como así se está impulsando desde instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud al declarar 2020 el Año Internacional de las Enfermeras y Matronas; o el Consejo Internacional de Enfermeras, desarrollando la campaña “Enfermería Ahora”.

Incumbe a la profesión de enfermería la responsabilidad de proporcionar de forma individual o en un equipo de salud, los cuidados propios de su competencia, al individuo, a la familia y a la comunidad, de modo directo, continuo, integral e individualizado, mediante una formación y una práctica basada en principios de equidad, accesibilidad, cobertura y sostenibilidad de la atención.

Es el momento de impulsar a la profesión en todos los ámbitos, pero especialmente relevante en el cuidado y protección de la salud de la población con necesidades sanitarias y sociales complejas, donde lo prioritario es cuidar más que curar. Las enfermeras, por estar más cerca del paciente, poseen una visión global entre niveles asistenciales y son punto de referencia para realizar la continuidad de cuidados en el paciente crónico y en el proceso de envejecimiento.

Los cuidados de enfermería comprenden la ayuda prestada por el enfermero en el ámbito de su competencia profesional a personas, enfermas o sanas, y a comunidades, en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos y/o ayuda a una muerte digna.

Debe lograrse una integración de los servicios Sociales y Sanitarios, más aún en una comunidad como Castilla y León. Es preciso reforzar al atención sanitaria liderada por Enfermería en las residencias de mayores, e incrementar el número de trabajadores y cuidadores.

La Administración debe permitir que en el primer nivel asistencial, el de Atención Primaria, la enfermera sea el nexo de unión entre las personas vulnerables y familia, o entorno, y el resto de servicios, evitando así duplicidades, complicaciones no deseadas y contribuyendo a un cuidado adecuado, protegiendo la salud de las personas ancianas y favoreciendo la sostenibilidad de un sistema sanitario cada vez más en riesgo.

Para ello se tienen que realizar modificaciones estructurales y legales para transitar a un modelo centrado en el paciente, que implica un nuevo abordaje basado en la gestión proactiva de riesgos de los pacientes y de su vulnerabilidad.