CEAFA, la Confederación Española de Alzheimer, ha solicitado al Gobierno la aprobación de una dotación presupuestaria para el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023) en los Presupuestos Generales del Estado 2021 que se están en tramitación actualmente.
Desde CEAFA se pide que esa dotación sea «la necesaria y suficiente« para poner en marcha y desarrollar todas las líneas de acción del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023), de forma que se atiendan las necesidades de un colectivo que sufre estigma por la edad, por la enfermedad y por su dependencia. Y de esta circunstancia, «tenemos dolorosa y reciente experiencia con lo que está sucediendo durante la pandemia de la COVID-19, por lo que tenemos que aprender de los errores», advierten desde CEAFA.
Aprobado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales e Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de 2019, y presentado en el Consejo de Ministros en abril de ese año, el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias (2019-2023) es un documento que sigue las directrices de la Organización Mundial de la Salud, respeta la declaración del Parlamento Europeo en la lucha contra el Alzheimer y cumple con la Proposición no de Ley que aprobó unánimemente el Congreso de los Diputados en 2017 instando al Gobierno a establecer una Política de Estado de Alzheimer.
Tal y como señala la Presidenta de la Confederación Española de Alzheimer (CEAFA), Cheles Cantabrana, esta dotación económica es necesaria porque “si los 31.000 euros de coste medio anual que supone a cada familia con un familiar afectado por la enfermedad se multiplican por el número de personas afectadas, se está hablando de que las familias en España destinan unos 36 mil millones de euros cada año para atender a su familiar con Alzheimer (2,89% del PIB nacional del 2019). Esta cifra nos puede dar una idea del impacto económico de la enfermedad. Bien, el Plan Integral de Alzheimer debe responder a ese reto económico con cifras realistas”.
La Presidenta de CEAFA denuncia que “si invertimos 100 mil euros al año difícilmente podremos evitar el colapso de los servicios sociosanitarios en una sociedad tan envejecida como la nuestra. Máxime ahora que, tras la experiencia de la COVID-19, los servicios de protección sociosanitaria han mostrado tantas debilidades y la necesidad de una revisión a fondo. Se necesita una intervención rotunda y clara, ya no podemos mirar a otro lado”.
En este contexto, Cheles Cantabrana recalca que “España alcanzó en 2019 el récord histórico de personas mayores de 65 años. Un 19,4% de la población española es igual o mayor de esa edad. Debemos estar preparados para afrontar las implicaciones de esa realidad demográfica. El Plan Integral de Alzheimer sistematiza y establece las bases de la construcción del modelo de atención. Porque a lo que nos estamos enfrentando es a un enorme reto que condiciona la sostenibilidad de cualquier sistema social y sanitario. Eso, que hemos venido repitiendo desde el 2010, cuando reclamábamos una política de Estado de Alzheimer, ha quedado demostrado estos últimos meses”.
“Y de esta situación es de dónde debemos sacar la necesidad real de la dotación económica que debe tener el Plan Integral de Alzheimer y otras demencias en los próximos presupuestos generales del estado que ahora se están negociando”, concluye Cheles Cantabrana.
