La iniciativa legislativa popular (ILP) contra los actuales criterios de copago “confiscatorio” en dependencia ha sido tomada en consideración en dos ocasiones anteriormente, pero por el contexto político de repetición de elecciones el proceso decayó y tiene que volver a comenzar.

Así, por tercera ocasión el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha urgido a las fuerzas políticas del Congreso de los Diputados a aprobar la toma en consideración de su iniciativa legislativa popular (ILP) contra los actuales criterios de copago en dependencia que, a juicio de la entidad, “no aseguran el ejercicio y garantía del derecho, sino la compra del derecho”.

Así se expresó el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo de la Cámara Baja, donde ha defendido la toma en consideración de esta iniciativa, dado que en las dos ocasiones anteriores el proceso se interrumpió por la “inestabilidad política” y repeticiones electorales. “Esperemos que esta sea la comparecencia definitiva”, manifestó.

Pérez Bueno recordó que la ILP, impulsada por todo el movimiento de la discapacidad organizado en torno al CERMI, recabó en 2015 el apoyo de casi 740.000 personas, convirtiéndose en la primera ILP de carácter social en superar la barrera de las 500.000 firmas, el mínimo legal exigido en España. Por ello, expresó su agradecimiento a todas estas personas, así como a las organizaciones del movimiento de la discapacidad que lo hicieron posible y al respaldo de otros sectores de la sociedad civil.

El copago supone un «fracaso del sistema y una profunda decepción»

El presidente del CERMI ha señalado que el copago es uno de los elementos “más negativos, paralizantes y perturbadores” para el despliegue de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, provocando una “sensación generalizada de fracaso del sistema y de profunda decepción”, puesto que, quienes no pueden hacer frente a los costes, se ven “expulsados” de estos derechos.

Además, criticó las “graves diferencias de trato entre territorios (de la gratuidad hasta el 90%), que las personas beneficiarias y sus familias experimentan como doloroso agravio” y ha advertido de que el copago en dependencia “ha contaminado a otros servicios y prestaciones sociales, distintas de la dependencia, que no tenían copago o no lo tenían en estas intensidades”.

Ante este escenario, Pérez Bueno recalcó algunas de las claves que plantea la ILP, entre los que destaca la necesidad de reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para que las familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) estén exentas de todo copago. Por encima de estos niveles, establecer un techo del 60% en el coste que la persona usuaria tiene que asumir, salvaguardando siempre que la persona mantenga renta disponible (el 40% del IPREM).

Infrafinanciación

Según detalló el presidente del CERMI, se debe introducir una regulación común estatal de los copagos que las comunidades autónomas tengan que cumplir y, en todo caso, mejorar. Igualmente, apostó por tener en cuenta el momento de aparición de la situación de dependencia en la vida de la persona y su prolongación en el tiempo.

Tras el turno de intervenciones de los partidos, cuyos portavoces expresaron su intención de apoyar la toma en consideración para que la ILP pueda ser debatida y mejorada en el Parlamento, el presidente del CERMI lamentó la falta de datos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) sobre copagos entre las diferentes comunidades autónomas, pese a la sociedad de la información y las nuevas tecnologías. “Estamos a oscuras en este sentido”, denunció.

Asimismo, señaló que “es una evidencia que nadie puede discutir, que el SAAD está infrafinanciado” y solicitó que España incremente en los próximos años de manera importante la inversión social. Igualmente, instó a actualizar el catálogo de prestaciones del SAAD para desarrollar en mayor medida los apoyos en materia de asistencia personal.

En cuanto a la simplificación de trámites burocráticos, el presidente del CERMI pidió que, cuando a una persona se le reconozca una situación de dependencia, se le reconozca automáticamente un grado mínimo de discapacidad del 33%. “La persona está en la lógica de la administración en la actualidad, y no la administración en la lógica de las personas”, señaló Pérez Bueno, quien aclaró que “todas las personas con discapacidad no tienen situación de dependencia, pero nadie podrá negar que una persona en situación de dependencia sí es una persona con discapacidad”.

Por todo ello, Pérez Bueno insistió en la necesidad de volver a aprobar la toma en consideración de la ILP, a la que calificó como “un elevar la voz” de grupos “históricamente invisibilizados” como el de las personas mayores o con necesidades de apoyos. “Movilizados cívicamente llaman la atención sobre sus necesidades y plantean constructiva y cooperativamente lo que desean, haciendo uso de los mecanismos constitucionales a su disposición, sus aspiraciones y anhelos. Pido a los grupos políticos que se hagan eco de esta sonora demanda, pues 740.000 personas esperan impacientes tras años de demora”, concluyó el representante del CERMI.