Según datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, hasta octubre de este año, 47.201 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia (29.453 personas dependientes con derecho y 17.748 pendientes de valorar). Esto supone que 160 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley, tal y como advierten desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Después de casi un año del pacto de gobierno, el Ministerio de Derechos Sociales no ha incrementado ni en un solo euro, la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia y se está abandonando sin atenciones a las 376.707 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento, denuncian desde esta Asociación.

Según el último MoMo elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales en el que se analiza la mortalidad de las personas del Sistema de Atención a la Dependencia, y teniendo en cuenta los datos hasta el mes de octubre de este año en el SAAD, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales destaca los siguientes resultados:

• 48.530 personas fallecidas con solicitud de dependencia. Se observa un exceso de mortalidad de 40.065 personas en el Sistema de Atención a la Dependencia -SAAD (un incremento del 36% de la esperada) afectando al 2,1 % del total de solicitantes.
• El 82% de los fallecidos tenía más de 80 años. Y el 42% se ha producido en personas con Grado III.  
• Se observa un impacto muy elevado en la mortalidad excesiva en personas atendidas en residencia (46.756 fallecidos), con un exceso de fallecimiento de 20.922 personas (8,4% del total de personas dependientes atendidas en residencias). La tasa de dependientes fallecidos en residencia fue de 199,4 por cada 1.000. Las mayores tasas se registraron en Madrid (293), Castilla La Mancha (261) y Cataluña (237).
• Aragón, La Rioja, País Vasco y Castilla y León tuvieron un exceso de mortalidad de personas dependientes en residencias sobre el total de personas beneficiarias en residencias reducido para la tasa de ataque Covid-19 que registraron en total del periodo. Madrid, Cataluña y Castilla La Mancha tuvieron un exceso de mortalidad mayor.  
• La tasa de fallecimientos observados en personas atendidas en España se sitúa en 94 por cada 1.000 para el periodo de marzo a septiembre, si bien en Castilla La Mancha, Navarra, Madrid, Cataluña y Aragón superan los 111 fallecidos por cada mil atendidos.  

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales el impacto de la Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia «ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia y sus familias».   

En este sentido, las tasas de variación a 31 de octubre de 2020 respecto a los datos de antes del estado de alarma, son todas negativas. 34.607 personas con derecho a prestación pendientes de recibirla menos (-12,9%); 38.925 personas beneficiarias con derecho menos (-2,8%); 52.750 solicitudes menos (-2,8%); 41.952952 resoluciones menos (-2,4%), y 4.318 personas beneficiarias con prestación menos (-0,4%). Tampoco se mantiene la tasa de reposición y las listas de espera bajan no por ser atendidas, si no por los fallecimientos.

El 27% de las personas dependientes beneficiarias fallecidas en este año vivían en una residencia. Las CC.AA. donde es mayor este porcentaje son Cantabria (44,8% de las personas beneficiarias fallecidas contaban con atención residencial.), Cataluña (39,1%), Castila-La Mancha (36,7%) y Madrid (32,8%). Mientras las que es menor el porcentaje son Castilla y León (sólo el 11,4%) y La Rioja (12,6%).  

Dos comunidades destacan en el incremento de beneficiarios durante este año: la Comunidad Valenciana (11.029 nuevos beneficiarios, un 12,5% más) y el Principado de Asturias (2.737 nuevos beneficiarios, un 13% más que a principio de año). Y dos destacan negativamente la Comunidad de Madrid (9.808 beneficiarios menos que a principio de año, un -6,8%) y La Rioja (597 beneficiarios menos, un -7,2%).

«Cuando nos acercamos al primer aniversario del nuevo gobierno y a los 15 años de la Ley de Dependencia, lejos de nuevos discursos, fotos e intenciones, es preciso adoptar medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país», señalan desde esta Asociación, que solicita al vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017).

De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, para esta entidad «es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia». Y esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera.

Por otra parte, es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben aplicarse, además, medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resoluciones administrativas.   

«Los servicios sociales son una inversión imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes», concluye la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.