A propuesta del Departamento de Derechos Sociales, el Gobierno de Navarra ha aprobado un decreto que establece condiciones para la apertura de nuevos centros de servicios sociales e introduce las recomendaciones técnicas para prevenir problemas de salud pública.
Este decreto foral regula la puesta en marcha en Navarra de nuevas residencias de mayores, que podrán albergar un máximo de 130 personas, cifra que se reduce hasta 70 en el caso de los centros para personas con discapacidad, y que introduce el modelo de atención centrado en la persona fortaleciendo su autonomía y la toma de decisiones de los y las residentes.
La norma, que entrará en vigor el 17 de marzo tras su publicación el 17 de diciembre, plantea varios requisitos para autorizar la puesta en marcha de nuevos centros y servicios sociales para mayores, personas con discapacidad, con enfermedades mentales, centros de inclusión social y centros de día. El decreto regula no sólo lo referido a los espacios y organización de las personas atendidas, sino, sobre todo, impulsa modelos de atención más participativos y adaptados a las necesidades de las personas que atendidas, según el objetivo trazado por Derechos Sociales para implantar el modelo de atención centrado en las personas.
El modelo de residencias y de centros de atención, en el que trabajaba el Gobierno Navarro desde 2019, ya contemplaba desde su primera redacción limitar el número de plazas de las residencias. Como explicó la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, durante la presentación este decreto foral, “las medidas que propone el texto, cobran especial relevancia en estos momentos puesto que ofrezcan una mayor seguridad ante situaciones similares al Covid-19 que puedan presentarse en el futuro. Muchas ya estaban contempladas y otras las hemos introducido a raíz de la auditoria en los centros residenciales».
Unidades de convivencia de un máximo de 16 persona
A partir de ahora, además de una limitación en el número máximo de plazas en las residencias, al menos el 65% de su superficie se articulará en torno a unidades de convivencia de un máximo de 16 personas. Se prevé que los futuros centros acojan espacios comunes como cocina o zonas de estar o Internet y exige una superficie mínima para las habitaciones de 14 m2, las individuales, y 20m2, las dobles, que en todo caso deberán tener un baño. Un 80% de las plazas deberán estar en habitaciones individuales.
La norma aprobada ahora, a diferencia de la anterior, describe los diferentes tipos de servicios por la modalidad de atención y no por el perfil de las personas usuarias a las que va dirigido, y establece las condiciones físicas, las prestaciones básicas con que deben contar cada uno de ellos, así como las ratios de personal.
El decreto diferencia los servicios de atención residencial en: residencias, mini residencia-hogar, viviendas vinculadas con residencias, piso tutelado, supervisado, vivienda con apoyo, apartamentos tutelados, viviendas de acogida y servicios para personas sin hogar, definiendo en cada uno de ellos el nivel de intensidad de los apoyos que prestan en alto, moderado y bajo.
También recoge los servicios de atención diurna en estancias diurnas, centros de día (para personas dependientes, centros de día rurales, centros de rehabilitación psicosocial y centros de inclusión social) y centros ocupacionales, definiendo para cada uno de ellos igualmente las condiciones físicas, prestaciones básicas y ratios de personal.
Por último, el decreto establece la posibilidad de centros multiservicios para dar cobertura a personas de diferentes ámbitos, sobre todo en el ámbito rural, y regula la implantación de experiencias piloto que tras su evaluación puedan incorporarse al catálogo de servicios sociales, tales como las viviendas colaborativas o “cohousing”.
Principios básicos para todos los servicios
Tal y como destaca Inés Francés, directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas (ANDP), el nuevo Decreto establece una serie de principios básicos para todos los servicios, como:
- la “normalización”, que pretende proporcionar un estilo de vida lo más cercanos a su entorno familiar y social
- una atención integral que dé cobertura a las todas necesidades de las personas de forma interdisciplinar
- personalizar la atención con profesionales asignados de manera estable a su cuidado
- la promoción de las relaciones con familiares y personas de referencia; la formación y motivación del personal
- la accesibilidad universal del servicio, comprensible a todas las personas
- el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres
- la promoción del voluntariado, tanto a nivel interno como con iniciativas externas que participen en los centros y servicios.
Cambio hacia un modelo de atención centrado en la persona
Maeztu también resalta que «este Decreto supone un hito en los servicios de cuidados, puesto que con la nueva normativa en la mano será posible un sistema más flexible que tenga en cuenta las preferencias de las personas y se adapte, no sólo a sus necesidades, sino a sus capacidades y planes de vida. Lo más importante sin duda es que con ella se consolida en Navarra el cambio hacia un modelo de atención centrado en la persona y de mejora de la calidad de los cuidados tras casi 30 años de vigencia de la anterior normativa».
Las nuevas exigencias no obligan a realizar reformas arquitectónicas a los 525 servicios que en este momento atienden a unas 13.000 personas en Navarra en las distintas modalidades de servicios asistenciales. No obstante, en cuanto a los espacios, los centros ya existentes deberán adaptarse a la normativa en las futuras obras de modificación que amplíen más de 15 plazas. En cuanto a la nueva filosofía asistencial, varios de ellos ya están adoptando el nuevo modelo de atención que propone colocar a la persona como gran protagonista de las decisiones de los centros y, en todo caso, deberán incorporarse el modelo de atención a la persona en los próximos 4 años.
Otro requerimiento contemplado en el nuevo decreto del Gobierno de Navarra exige que, cuando el centro acoja una unidad de psicogeriatría, está se ubicará en un espacio físico diferenciado. Asimismo, la norma prevé unas autorizaciones específicas para experiencias piloto de convivencia que prueben con fórmulas innovadoras, de modo que pudieran incorporarse como nuevos servicios si Derechos Sociales constata su buen funcionamiento.
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