El mayor presupuesto desde la crisis de 2008, así será el presupuesto que va a destinar la Comunidad de Navarra a los Derechos Sociales en 2021 que contará con un total de casi 480 millones de euros, un incremento del 9,27%. Concretamente al área de personas mayores, con dependencia, discapacidad, familia y menores se dedicarán 21 millones más.
El incremento del Departamento de Derechos Sociales de Navarra repercutirá en todas las áreas, aunque destaca el aumento de recursos y servicios en el ámbito de la atención a la dependencia, personas mayores, discapacidad y enfermedad mental, familia y menores, con 21 millones más que el año anterior.
La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, señala que “el presupuesto para 2021 va a contribuir a reactivar socialmente Navarra, promoviendo el empleo de calidad, la cohesión social y la igualdad de oportunidades”, destacando que su departamento apuesta por hacer efectivo el Pilar Europeo de Derechos Sociales y avanzar en la dimensión social de la Agenda 2030, luchando contra la pobreza, incrementando la protección social y reduciendo las desigualdades. Así mismo, con los nuevos recursos se transformará el actual sistema de cuidados de larga duración hacía un modelo de atención centrado en la persona en los ámbitos de la dependencia, discapacidad, enfermedad mental y personas mayores.
Nuevo acuerdo marco de centros residenciales para ampliar plazas y mejorar servicios
La Agencia Navarra para la Autonomía y Desarrollo de las Personas contará en 2021 con un presupuesto de 235.6 millones de euros, lo que supone un incremento de 21 millones con respecto a 2020 (un 9,79%). Se trata del mayor incremento desde la crisis del año 2008. Con estos recursos se va a poner en marcha un nuevo acuerdo marco de centros residenciales para ampliar el número de plazas, mejorar los servicios y adaptarlos a las nuevas necesidades surgidas con la pandemia de Covid-19.
Igualmente, con las nuevas dotaciones se van a incrementar un 20% las ayudas a la contratación de cuidadores profesionales de personas dependientes en el domicilio, se pondrán en marcha los programas de promoción de la autonomía personal, y se extenderá el proyecto piloto socio sanitario de Tafalla a otras zonas básicas de servicios sociales.
En el ámbito de la discapacidad y de la enfermedad mental se prevé establecer modelos residenciales alternativos a los actuales, viviendas en el medio comunitario, también para personas con grandes necesidades de apoyo, que permitan una integración efectiva de las personas con discapacidad. Se renovará también el concierto de plazas residenciales para personas con enfermedad mental, así como los contratos de plazas para personas con discapacidad.
Por último, en familia y menores se seguirá desarrollando el II Plan Integral de Atención a la Familia, la Infancia y la Adolescencia con un incremento presupuestario del 19,5%. Se van a impulsar los recursos y prestaciones dirigidas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la promoción del acogimiento familiar como medida alternativa al residencial, se potenciarán los programas preventivos de apoyo a familias con menores en situación de riesgo, y se incrementarán los recursos para los programas de atención e integración de menores.
La consejera Maeztu ha destacado que se trata del mayor incremento presupuestario desde la crisis de 2008. “La pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar y mejorar la atención a nuestros mayores y personas con discapacidad y enfermedad mental, familia y menores, y de fortalecer el sistema residencial, y por ello ha sido nuestra máxima prioridad en este presupuesto de 2021”, concluye.
Inclusión y protección social
Por su parte, la Dirección General de Inclusión y Protección Social contará en 2021 con 181 millones de presupuesto, con un crecimiento del 10,6% con respecto a 2020. Tras la aprobación del nuevo Decreto Foral de financiación de los servicios sociales de base, se incrementará su financiación para responder adecuadamente a las necesidades sociales de cada territorio, y se llevará a cabo la reordenación de la atención primaria de servicios sociales.
Se continúa, así mismo, con la implementación del Plan Estratégico de Inclusión Social de Navarra y se refuerza la protección social de las familias o personas en desempleo para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia, a la vez que se refuerzan los programas de inserción laboral junto con empleo.
La Dirección General del Observatorio de la Realidad Social contará con un presupuesto de 3,7 millones, lo que supone un incremento del 19,74%, con lo que va a ser posible atender líneas de trabajo como la transformación y modernización digital, el proceso de construcción de la Historia Social Única, y el monitoreo de los principales indicadores socioeconómicos de Navarra para obtener información del impacto de la crisis la COVID y así ser capaces de adaptar las políticas públicas a desarrollar.
