Mejorar la financiación de las plazas públicas, aumentar los salarios, crear una tramitación exprés para que accedan al Sistema de la Dependencia las personas con vulnerabilidad extrema (personas con esperanza de vida inferior a un año) y eliminar la lista de espera de acceso a plazas residenciales, son los objetivos prioritarios marcados por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) para pedir a los grupos políticos y al Gobierno que “luchen” por “materializar” el incremento de 567 millones de euros en Servicios Sociales.
Desde el CEAPs se recuerda que el Congreso de los Diputados y el Senado han aprobado unos PGE para 2021 que incluyen una enmienda que casi duplica la partida inicial destinada a financiar la Ley de Dependencia y es necesario que este crédito se materialice contablemente para lograr que se cumpla la voluntad de las Cortes y, sobre todo, “para que el dinero llegue a las personas más vulnerables del Estado, las que tienen un grado de Dependencia”, tal y como señala Cinta Pascual, presidenta de esta patronal.
Según los últimos datos oficiales disponibles, 232.243 personas se encuentran en el limbo de la Dependencia (con el grado de Dependencia y prestación reconocida pero sin acceso a la misma) y otras 141.556 están sin valorar. Esto quiere decir que más de 375.000 personas se encuentran esperando para recibir ayudas (datos del 31 de diciembre registrados en el SAAD – Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del IMSERSO). Y a ellas “hay que sumar aquellas que están en lista de espera para acceder a una plaza residencial y que no están contabilizadas. Hay un déficit de 70.000 plazas en España actualmente para alcanzar la ratio de 5 plazas para cada 100 personas mayores de 65 años que recomienda la OMS”, puntualiza la máxima representante de CEAPs, con los datos oficiales del IMSERSO, a fecha de diciembre de 2019 (últimos disponibles).
Esta petición se hace tras el acuerdo alcanzado en la Mesa del Diálogo Social entre la Secretaría de Servicios Sociales y los agentes sociales para el desarrollo del Plan de Choque y el impulso del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). El mismo incluye un incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración General del Estado incluía 600 millones de euros para este año 2021, con una subida de las cuantías del nivel mínimo del 17,4% y la recuperación del nivel acordado.
“Un acuerdo con el que estamos satisfechos, y en el que hemos participado, pero que creemos carece de financiación suficiente para lograr atender a todas las personas que se encuentran en el limbo, especialmente las que están en extrema vulnerabilidad. Por eso pedimos que el incremento de 567 millones de euros que se apoyó en el Congreso y en el Senado sea realidad ya que ayudaría a eliminar las deficiencias básicas del sistema como es evitar que haya personas que fallezcan esperando recibir servicios”, advierte Cinta Pascual.
La presidenta de CEAPs aboga por “seguir defendiendo, como hasta ahora, que el futuro pasa por la Atención Centrada en la Persona, un modelo que necesita apoyarse con una modernización y digitalización en el acceso al Sistema de la Dependencia, que requiere de flexibilidad y se fundamenta en dos pilares: la coordinación sociosanitaria y la colaboración público privada”. Un modelo de trabajo que lleva años implantándose en España y que para su desarrollo necesita flexibilidad, confianza y seguridad en la cartera de Servicios. Un sistema que pone el foco en la persona que recibe las prestaciones y que es ella la que decide qué es lo que desea en cada momento de su vida.
“Pero para ello es necesario ofrecer garantías a los perceptores de que puede contar con la atención mediante la modernización y digitalización de acceso al Sistema, con una coordinación sociosanitaria eficaz y real tal y como ha quedado demostrado durante la pandemia y con colaboración público privada en todos los aspectos”, señala Cinta Pascual.
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[…] Para Plena inclusión este Plan de choque debe servir para exigir a las CCAA que se revisen los precios que se abonan a las entidades sociales que gestionan plazas del sistema. La confederación indica que estos precios están muy por debajo de los costes necesarios para garantizar un servicio de calidad, situación que se ha agravado de forma exponencial durante la crisis sanitaria. El SAAD que cubre a 1,1 millones de personas, ha sufrido un retroceso los últimos meses de pandemia, en los que se han perdido 3.391 beneficiarios. Hay, además, unas 390.000 personas en listas de espera. […]