El número de plazas residenciales para personas mayores no se ha incrementado en España al ritmo que exige el envejecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010 a 9,2 millones en 2020. En este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en tan solo 20.226, según el informe recientemente publicado por el IMSERSO, tal y como destaca la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Estas cifras suponen que la ratio de plazas residenciales por cada 100 personas mayores se ha reducido, pasando de 4,56 a 4,22, lo que la aleja del objetivo del 5% que aconsejan los organismos internacionales, señalan desde esta Asociación. Además, las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años.

Hay que recordar que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente grado II y III de dependencia, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho. Se puede estimar que más de la mitad de los grandes dependientes y dependientes severos solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial.

Esta situación no es uniforme a nivel estatal y existen diferencias muy significativas entre Comunidad Autónomas. Así, sólo 5 Comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) alcanzan la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, y sólo dos de ellas (las dos Castillas) alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública. Por contra, los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años, se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).  

En términos relativos sólo 4 comunidades autónomas no superan el 3% de plazas residenciales por cada 100 personas mayores: Murcia (2,27%), C. Valenciana (2,77%), Galicia (2,83%) y Canarias (2,84%). Y las diferencias también alcanzan a la proporción entre plazas de financiación pública y las de financiación privada, destacando en este sentido Comunidades como Galicia, Canarias y Madrid, donde existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Plazas residenciales para personas mayores en 2019

Desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también se pone de relieve las diferencias alcanzan a los precios en las plazas residenciales de financiación pública, tanto en centros propios como en los concertados y, especialmente, lo que abonan los propios usuarios en estos centros. En este aspecto existe una horquilla que va desde cuantías inferiores a los 7.000 euros anuales en Comunidades como Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, Comunidad Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco (en estas dos últimas Comunidades con cuantías que superan los 10.000 y los 11.000 euros, respectivamente).

«Resulta así que en algunas Comunidades los usuarios abonan más del 40% del precio de las plazas públicas, mientras que en otras apenas superan el 30%, incluso una de ellas, La Rioja, el 25%», recalca esta Asociación, señalando también que, a la vista de estos datos, «resulta evidente el esfuerzo que deben realizar algunas Comunidades para promover la construcción y/o concertar nuevas plazas residenciales para personas mayores y, en especial, para incrementar las plazas de financiación pública, que son las que aseguran el derecho efectivo a disfrutar de una plaza cuando se precise».

La ubicación de las plazas residenciales en el territorio presenta también importante deficiencias, ya que su carencia se centra en las grandes urbes, mientras que en los medios rurales, en ocasiones excedentarios en plazas, no se adecúan a las características y necesidades de estos territorios y de sus habitantes de más edad, constituyendo un factor que agudiza el vaciamiento de estas zonas, con una gran carga de sufrimiento para quienes a una edad muy avanzada se ven obligados a abandonarlos, indica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Por otro lado, en grandes urbes como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores.

Además, la dramáticas consecuencias de la Covid-19 en las residencias para mayores pone sobre la mesa nuevamente cuestiones como el de las ratios de plantillas con las que cuentan los centros residenciales de mayores, especialmente pensando en la necesidad de incrementar la ratio de gerocultores/as y reformular sus funciones y su remuneración. «Es, además, necesario un debate en profundidad sobre el modelo residencial, para superar el modelo asistencialista y sobreprotector que todavía impregna estos centros, avanzando hacia modelos que ofrezcan entornos íntimos, evitando la masificación y facilitando la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de cada persona desde la perspectiva de que estos centros son lugares para vivir y convivir-sustituyen a los hogares familiares- y no centros sanitarios».