Para mejorar la lucha contra la pandemia es necesaria una mayor coordinación entre el sistema sanitario y el de atención a la dependencia, tal y como recoge el Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, elaborado por el Consejo Económico y Social de España (CES).

Este Informe pretende ayudar a reforzar el SAAD frente a las debilidades del mismo que el coronavirus ha puesto de manifiesto, y constata notables carencias en materia de información y evaluación. Así, recomienda aumentar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; mejorar sustancialmente el propio sistema de información del SAAD y articular mecanismos permanentes, transparentes e independientes de evaluación de la calidad, la eficiencia y la equidad del sistema.

A juicio del Consejo Económico y Social de España (CES), órgano consultivo del Gobierno, la reactivación del diálogo social en atención a la dependencia brinda la ocasión para abordar de manera consensuada estrategias de coordinación sociosanitaria en el marco del SAAD. Además, entre otras medidas, pide integrar la perspectiva de género y superar las desigualdades existentes entre territorios.

Desde el CES se destaca que toda mejora de la atención revertirá favorablemente en la igualdad entre sexos, puesto que entre las personas mayores de 80 años hay más del doble de mujeres que de hombres. En concreto, las mujeres suponen el 65% de los beneficiarios del SAAD y constituyen el grueso de las personas que proveen los cuidados a la población dependiente (más del 85% de los ocupados en el sector).

Asimismo, el CES insta a superar las dificultades de la gobernanza del sistema y las desigualdades territoriales, más que evidentes durante la gestión de esta crisis. En este sentido, reclama un mayor impulso al desarrollo de la red de servicios sociosanitarios en el mundo rural, donde el peso de los mayores es más elevado y se acusan serias dificultades en el acceso.

Reforzar el SAAD ante los nuevos requerimientos generados por la pandemia

La creación del SAAD supuso un hito muy importante en el sistema de protección social español, pero el Consejo Económico y Social pide reforzarlo frente a los nuevos requerimientos que el coronavirus ha hecho emerger. En este sentido, uno de los objetivos de este órgano consultivo del Gobierno es facilitar el diálogo social, lo que en esta ocasión ha dado sus frutos a la vista del acuerdo alcanzado entre los interlocutores sociales y la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 en la Mesa en Materia de Dependencia.

Además, el CES también aboga por mejorar la prevención en favor de la calidad de vida de las personas y de la sostenibilidad económica del propio sistema; elevar la visibilidad del sector de atención a la dependencia en las fuentes estadísticas; optimizar el propio sistema de información del SAAD y resolver los déficits de evaluación.

Otra recomendación es avanzar una planificación a corto y medio plazo de la inversión que el sistema va a requerir y de los recursos necesarios para financiarla. Sobre todo teniendo en cuenta que España es uno de los países que más se verá afectado por el envejecimiento de su población en los próximos años y que el volumen de mayores de 65 años pasará de representar el 19,6% de la población en 2020 al 26,5% en 2035.

Superar la visión “edadista” de la dependencia

El Informe sobre el Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, también recalkca la necesidad de superar la visión “edadista” de la dependencia. Y es que el 6% de la población española dependiente es menor de edad y el 21,5% tiene entre 18 y 65 años; pese a que siete de cada diez personas atendidas superen esa franja de edad, y a que más de la mitad haya alcanzado los ochenta años. En total, el CES recuerda que en 2019 se le había reconocido el derecho a la atención a la dependencia a 1,3 millones de personas, según datos del SAAD.

Por otra parte, el Informe señala la necesidad de analizar el importante impacto en la salud y el deterioro de la autonomía personal que la soledad no deseada, la pérdida de contacto social y las consecuencias emocionales de la pandemia están teniendo en las personas dependientes que permanecen en sus hogares y han dejado de recibir servicios o no han logrado acceder a ellos. Frente a ello, el CES propone:

• articular eficazmente la coordinación entre el sistema sanitario y el de la atención a la dependencia, independientemente de si los cuidados se llevan a cabo en el domicilio o en centros especializados
• fomentar iniciativas para hacer de las ciudades y municipios lugares amigables en términos de accesibilidad y facilidades de proximidad
• procurar un mayor conocimiento estadístico de la realidad de las empleadas de hogar en este terreno
• implantar medidas de asesoramiento, apoyo y respiro a las personas cuidadoras en el ámbito familiar…

En paralelo, esta entidad consultiva echa en falta más información sobre el abanico de nuevas realidades residenciales emergentes, como apartamentos tutelados y nuevas formas de convivencia comunitaria. Y recomienda al SAAD monitorizar este tipo de experiencias diferentes del modelo residencial clásico, ponderando sus ventajas e inconvenientes y, en su caso, procurando su encaje en el sistema.

De cara al futuro, y una vez superada la emergencia, el CES recomienda revisar en profundidad el sistema de cuidados a las personas dependientes para resolver problemas entre los que destacan las “listas de espera”, cuya reducción constituye una prioridad en el acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. En este contexto, lamenta que casi un 20% de la población en situación de dependencia reconocida no reciba atención. Y que unas 400.000 personas se encontraran en 2019 a la espera de ser valoradas o, estándolo ya, de recibir su correspondiente atención.

Finalmente, el Informe advierte del riesgo de “sustitución” de las prestaciones residenciales (servicios profesionalizados, con alto coste unitario) por cuidados familiares (prestaciones económicas, con coste muy inferior para las administraciones), en un marco en el que la corriente de preferencia por la “atención en el hogar” frente a la “institucionalización” parece estar cobrando fuerza.

En cualquier caso, el CES hace hincapié en la necesidad de mejorar el alcance y la intensidad de la atención a domicilio, su profesionalización y la mejora de las condiciones laborales en este subsector. Además, urge a aprobar la normativa específica que desarrolle la figura del asistente personal, establezca el carácter ordinario de su relación laboral y regule la formación requerida para mejorar la calidad del servicio.