Apoyo del Gobierno a la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores, mayor atención por parte de los poderes públicos a la revolución de la longevidad y fomentar la inclusión de todas las personas en las distintas etapas de la vida, son algunas de las reivindicaciones realizadas por la presidenta de HelpAge España, Isabel Martínez Lozano, durante su intervención ante la Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España del Senado.

El envejecimiento de la población es un fenómeno global. De hecho, según Naciones Unidas, se prevé que el número de personas mayores de 60 años se duplique en el año 2050. Por ello, los retos que plantea el envejecimiento son muchos y es esencial que, desde las administraciones públicas, se impulsen los cambios necesarios para que envejecer no sea un problema para poder seguir viviendo dignamente, tal y como señalan desde HelpAge España.

En este sentido, a pesar de que el aumento de la esperanza de vida es uno de los grandes logros de la humanidad, el envejecimiento de la población tiende a verse como un problema de sostenibilidad económica más que como una oportunidad. Para maximizar los beneficios y gestionar bien los riesgos asociados al envejecimiento, los gobiernos deben apoyar, entre otras cosas, la educación y la atención médica a lo largo de todas las etapas de la vida, promover estilos de vida saludables, favorecer el empleo para todo el mundo -especialmente para las mujeres y grupos de población en riesgo de exclusión social-y apoyar políticas que fomenten la conciliación y la corresponsabilidad en los cuidados garantizando siempre la igualdad de género, señalan desde esta entidad.

Esta transformación demográfica es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, así como los problemas derivados de la discriminación por edad. Tal y como reflejan distintos informes y estudios realizados por la red Internacional de HelpAge, el mayor riesgo del envejecimiento es la desigualdad, la pobreza, la pérdida de autonomía y la soledad no deseada, que acorta también los años de vida. Los datos muestran que ciertos grupos de personas mayores se están quedando atrás:

• las personas en edades más avanzadas
• las que viven en zonas rurales
• las que tienen niveles más bajos de educación
• las que son menos capaces de satisfacer sus necesidades básicas

Las mujeres, además, que tienen una esperanza de vida mayor, aunque tienen una calidad de vida peor, se enfrentan a más riesgo de pobreza, violencia, discriminación y soledad cuando son mayores. A todo ello hay que unir que la pandemia por Covid-19 ha aumentado las dificultades y la discriminación a las que se enfrentan las personas mayores.

Por ello, HelpAge International ha reclamado, nuevamente, en Ponencia de estudio sobre el proceso de envejecimiento en España del Senado la creación de una Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores que sirva como guía y base jurídica los gobiernos nacionales para tomar medidas concretas y establecer una legislación adecua da para combatir la discriminación por edad.

Así, durante su comparecencia en el Senado, la presidenta de HelpAge España, ha presentado las siguientes propuestas:

1. Celebración «ya» de una Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas mayores. «Pedimos al gobierno de España y al Parlamento que apoyen esta Convención en el seno de Naciones Unidas, donde existe ya un grupo de composición abierta que se reúne anualmente y una experta independiente asesora sobre este tema».

2. Políticas públicas y estrategias desarrolladas desde un enfoque basado en derechos, no desde un enfoque meramente asistencial. «Las personas mayores son sujetos de derechos no meros receptores de asistencia social».

3. Promulgar una ley de igualdad de trato que incluya la edad como una circunstancia relevante, ya que las personas mayores «sufren restricciones y encuentran barreras en el ejercicio de sus derechos, y en el acceso a bienes o servicios, especialmente en el caso de las más pobres. En España, tenemos un marco legislativo poco garantista en relación con la protección y garantía de los derechos de las personas mayores».

4. Pueste en marcha un “plan de choque” de refuerzo de los servicios profesionales de atención domiciliaria, teleasistencia y recursos en residencias, al menos mientras dure el riesgo de la pandemia del coronavirus, durante el 2021 y hasta que la pandemia esté controlada.

5. Reformar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, acordada entre todas las administraciones.

6. Aprobación de una Ley integral de los derechos de las personas mayores, que promueva políticas públicas desde un enfoque de derechos en todos los ámbitos de las políticas públicas.

7. Rediseñar nuevos modelos de cuidados, «pensando no solo en las personas mayores, sino en todas las personas que requerimos cuidados a lo largo de nuestras vidas, desde niños y niñas a las personas mayores, pasando por las circunstancias temporales en las que todos y todas necesitamos de esos apoyos para el cuidado. Por eso, sería importante rediseñar los servicios integrados de atención en domicilios, para evitar, entre otras cosas, situaciones de cronicidad de dependencia y de institucionalización innecesaria. Asimismo, avanzar en nuevos modelos residenciales y otros alojamientos en los que, además de garantizarse la atención desde el SNS, se trabaje desde un enfoque de atención centrada en la persona».

8. Mayor y mejor coordinación sociosanitaria. «Esta coordinación no requiere de ningún espacio independiente del sistema sanitario ni del sistema social, sino reforzar ambos pilares del estado del bienestar y establecer sistemas eficaces de coordinación».

9. Profesionalizar el sector de los cuidados, mejorando la formación y competencias de las y los profesionales y desarrollar programas de formación continua para estos los profesionales.

10. Potenciar el tercer sector de acción social sin ánimo de lucro, frente a entidades con fines lucrativos para concertar y/o cubrir servicios sociales dedicados a los cuidados y atención a las personas.

11. Garantizar la inspección y el control de las administraciones públicas en los servicios públicos y concertados de atención a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.

12. Realizar de forma urgente campañas de concienciación sobre los derechos de las personas mayores y formar a funcionarios y actores sociales.

13. Promover estudios y recabar más y mejores datos para obtener una imagen más precisa de la realidad que viven las personas mayores, de sus opiniones y deseos, y de la calidad de los servicios públicos.

«Si bien la pandemia de Covid-19 ha tenido unos efectos devastadores para toda la sociedad y, especialmente, para las personas mayores, desde HelpAge queremos aprovechar las lecciones aprendidas durante este periodo para construir un futuro mejor para toda la sociedad. Hoy existe una mayor concienciación del valor social de las personas mayores y, como consecuencia de ello, sus derechos se han incluido en la agenda política. Por ello, esperamos que espacios como esta Ponencia sirvan para incentivar y apoyar la adopción de nuevas políticas públicas dirigidas a promocionar y garantizar la dignidad y los derechos de todas las personas independientemente de la edad», señaló Isabel Martínez Lozano.