Pasado ya un año desde el establecimiento del Estado de Alarma, el CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a las Personas) ha solicitado al Estado, a las Comunidades Autónomas y al sector de la Atención a la Dependencia «unidad y altura de miras para lograr la inversión en los servicios que se requiere para mejorar la atención de las personas mayores por Justicia Social». Esta petición está apoyada por las organizaciones de mayores más representativas del país: la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) y Mayores UDP.

Dese estas entidades se destaca que más de 376.000 personas están actualmente en el limbo de la Dependencia, y de ellas 234.039 lo están con el derecho a prestación reconocido, esperando a que se les asigne finalmente la prestación o servicio que necesitan. Una gran mayoría de las personas que se hallan en ese limbo son ‘Grandes Dependientes’, es decir, los más vulnerables y con más necesidades por lo que la espera «supone un perjuicio enorme para ellos y sus familias», advierte Cinta Pascual, presidenta de CEAPs.

«De hecho, muchos, no pueden esperar a que se les asigne el servicio y deben buscarlo por su cuenta y, por si fuera poco, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública a la que tienen derecho, han de pagar un 6% más de IVA porque la Ley de IVA establece tipos diferentes según quién pague el servicio», explica Cinta Pascual.

Para entenderlo de forma práctica, considerando como ejemplo el precio de una residencia en España es de 1.750 euros/mes, una persona con Gran Dependencia que requiera con carácter inmediato cuidados profesionales en una residencia y reciba una pensión de viudedad (se encuentra en 729 euros) pagará íntegros 1750 euros + un 10% de IVA mientras se halle en el limbo. Sin embargo, otro usuario de la misma residencia, recibiendo idénticos servicios, con la misma pensión de viudedad, que ya reciba la prestación o servicio, pagará 1.750 euros +4% de IVA y además tendrá una ayuda pública. La diferencia son 1.488 euros por los 424 días de media que pasa una persona en el limbo en España, solo de IVA, por idénticos servicios y con los mismos derechos.

«Lo que desde CEAPs pedimos es que no haya doble velocidad y discriminación económica para las personas que están en el limbo», señala la presidenta de esta patronal, recalcando que «hemos vivido el año más duro de nuestras vidas. Cada una de las defunciones que se cuentan en números, para nosotros y para sus familias tienen nombres y apellidos. Tras este año, hemos aprendido desde la experiencia y la profesionalidad y el contacto diario con la Covid nos ha cambiado la vida. Por eso, en este momento, tenemos que actuar».

«Por ello también pedimos financiación para atender a todas aquellas personas que están en el limbo y que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, es decir, poner en marcha mecanismos que ofrezcan los servicios de manera inmediata para que nadie se quede sin los apoyos que precisa», indica Cinta Pascual.

Hacia un nuevo modelo de centros residenciales y centros de día

Los centros residenciales y de estancias diurnas se están adaptando a nuevos modelos en los que el ‘proyecto de vida’ funciona como garante del Derecho de promoción de la autonomía personal de los usuarios. Para que el proyecto de vida sea una realidad, cada usuario de los centros cuenta con un ‘profesional de referencia‘, que establece con la persona mayor o dependiente una relación de apoyo, constituyendo para él una figura de referencia en el centro para la atención, canalización y resolución de sus problemas y demandas. «Para que este modelo de atención centrada en la persona y sin sujeciones sea garantía de éxito, es necesaria la implicación de las administraciones y dotar de una financiación suficiente y necesaria», explican desde Mayores UDP y CEOMA. Actualmente, en España existe más de un 20% de plazas vacías, por lo que «pedimos un concierto con la ad-ministración para reducir la lista de espera y acabar con el limbo».

Aunque las residencias han sido el foco de atención mediática, debido a la incidencia del virus en este servicio, durante la pandemia se han mostrado como imprescindibles otros que han sufrido las consecuencias de la crisis, llegando a cerrar, como es el caso de los Centros de Día, el Servicio de Ayuda a Domicilio y la teleasistencia. La paralización o cierre de estos servicios ha provocado el deterioro físico y cognitivo de los usuarios y la sobrecarga de los cuidadores informales.

«Todos queremos vivir el máximo de tiempo posible en nuestro hogar. Para hacerlo necesitamos los apoyos que se ofrezcan desde las residencias, que se convertirán en plataformas multiservicios, de los centros de día, que han sufrido las consecuencias económicas de estar cerrados durante todo el período de pandemia y de la teleasistencia, que se ha mostrado como el aliado fundamental», concluye Cinta Pascual.