Con el objetivo de mejorar y avanzar en la reforma el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), la Fundación Caser realizado el estudio «Identificación y análisis de retos para la reforma del SAAD», en el que se ha dado voz a más de mil personas que han participado en las diferentes actividades de campo realizadas, y que han servido para alcanzar resultados relevantes que contribuirán a proponer acciones de impacto positivo en el futuro.
Y es que la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia aprobada en 2007 supuso la creación de un nuevo derecho subjetivo, con el cual suplir a través de una oferta coordinada de servicios, la falta de autonomía que experimentaban las personas dependientes. Más de una década después de la entrada en vigor de la Ley, aproximadamente el 3% de la población española tiene algún grado de dependencia reconocido. No obstante el SAAD presenta dificultades que requieren soluciones y reformas de consenso, tal y como indican desde Fundación Caser.
Tal y como se indica en este estudio, la reflexión sobre necesidades de mejora del SAAD se ha producido desde muchos sectores y a lo largo del tiempo. Incluso desde antes de su puesta en marcha, muchas de las dificultades del SAAD habían sido identificadas, y en buena parte persisten, principalmente en lo relativo a la definición, coordinación y recursos, especialmente en los procesos de tramitación.
Como destacan sus autores, este estudio ha podido obtener hallazgos hasta ahora desconocidos. El primero de ellos, es que existe un grupo amplio de personas, al que se ha denominado población “desconectada” que forma parte de la demanda potencial del sistema de dependencia, es decir, que reconocen grandes necesidades de apoyo para la autonomía personal, pero no han acudido al SAAD. Entre los motivos de esta desconexión, se han identificado fundamentalmente el desconocimiento, la falta de apoyos, y la complejidad del propio Sistema.
Además de esta población potencialmente dependiente pero que es ajena al SAAD, se ha podido cuantificar que más de la mitad de la población española que no necesita cuidados, ni tiene personas en dicha situación en su hogar desconoce en la práctica la existencia del Sistema. Esta población, denominada población “indiferente”, junto con la población “desconectada” es, en términos demográficos, un grupo poblacional potencialmente relacionado con el SAAD, pero fuera de su radio de acción.
En relación con los procesos de tramitación, este estudio constata que en la gestión del SAAD se ha instalado una inercia que se ha denominado “listón de los 6 meses”, por el que los procesos se extienden con lógicas de medio y largo plazo, incompatibles en no pocas ocasiones, con las urgencias de salud y necesidades de apoyo sobre las que el Sistema actúa. La encuesta ha permitido cuantificar información detallada sobre los tiempos de espera en cada paso del proceso, más allá del conocido, y en ocasiones discutido, promedio oficial sobre listas de espera.
La información obtenida permite afirmar que más de la mitad de la población atendida debe esperar 6 meses o más para los procesos de reconocimiento y asignación de prestaciones y/o servicios, y que dichas esperas se acumulan. Más allá de esto, se ha podido evidenciar una tendencia “natural” y “sistémica” hacia plazos acumulados de 6-12-18 meses, que, aunque no aparecen marcados reglamentariamente, parecen generalmente aceptados por los gestores y técnicos del Sistema.
Además, el trabajo de campo realizado ha posibilitado comprender cómo trece años después, el mero hecho de acudir al proceso de valoración sigue despertando reticencias entre usuarios/as, familias, empresas y profesionales vinculados al SAAD. Cuando se ha profundizado en las causas de estas reticencias, surgen un conjunto relevante de ellas: una tendencia no escrita a dilatar la solicitud hasta que la situación de dependencia es muy grave, o mientras la familia pueda hacerse cargo. En numerosos casos se justifica la no solicitud por escasez de recursos o complicación burocrática.
Por otra parte, se han detectado casos en los que personas dependientes que necesitan del SAAD carecen de apoyos para acudir a él. Desde su puesta en marcha hasta hoy, el SAAD ha consolidado una imagen de Sistema complejo, que desincentiva no solo a las personas usuarias, mediante la incertidumbre en todos sus procesos: el acceso, la valoración, la asignación de recursos, la gestión y el copago de éstos.
En relación con la severidad de la población atendida, la encuesta ha permitido establecer que la población dependiente presenta patrones de interés por edad y tipo de discapacidad. Así, las personas jóvenes y las que tienen discapacidad intelectual y/o problemas de salud mental, presentan niveles de severidad mucho más altos. Aunque es una cuestión que se debe investigar con más profundidad, parece un indicio claro de que el nivel de “exigencia” en la baremación es más alto para estos sectores de población.
Uno de los principales hallazgos de este estudio es que el Sistema es capaz de rendir con eficacia y generar satisfacción. Los datos de esta investigación muestran ciertamente una lógica “polarizada” tanto en los indicadores de rendimiento, como en los de satisfacción de la población usuaria de servicios de dependencia, en la que existe una considerable población con evidencias de atención satisfactoria. Los resultados ofrecen una visión crítica, pero más optimista del SAAD de lo que viene siendo tónica habitual en estudios del sector.
El estudio destaca también la escasa cultura preventiva en cuestiones vinculadas a la dependencia, y en concreto, el bajo impulso de los servicios de Prevención y de Promoción de Autonomía Personal, a pesar de que, según las fuentes consultadas, tienen una enorme capacidad de generación de apoyos eficaces.
Las personas interesadas pueden acceder aquí al estudio completo «Identificación y análisis de retos para la reforma del SAAD».