El gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%. Además, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan.

Estás son dos de las principales conclusiones del Índice DEC 2020, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España y el único estudio que, desde 2012, trata de medir y evaluar el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales que atienden las necesidades de más de 8 millones de personas. El IDEC 2020 es una radiografía de la situación en la que los servicios sociales han llegado a esta inesperada y traumática crisis provocada por la Covid-19 en la sociedad, y cómo se encuentran para afrontar los grandes retos que se plantean, tanto a nivel general como en cada territorio.

En el intervalo entre la crisis de 2008 y la que ha provocado la pandemia en 2020, los servicios sociales se han ido recuperando. Seis Comunidades mejoran su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos, seguida de Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35). Los 11 restantes empeoran su resultado, y las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25), La Rioja (-0,25) y Madrid, que sigue siendo la Comunidad con peor calificación de sus servicios sociales en 2020.

Las grandes diferencias entre territorios que revela nuevamente el Índice DEC 2020 suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas Comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener siquiera una Ley de nueva generación. El País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 €/año) que Murcia, con sólo 299 €/año. Ademas, el porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más del doble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.

Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%. En Navarra hay un profesional de los servicios sociales de atención primaria por cada 745 habitantes. En Canarias un profesional por cada 3.219 habitantes.

Y en Castilla y León el 15,1% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas. En el polo opuesto, en Canarias sólo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones (menos de la mitad que en Castilla y León), y en Cataluña el ‘limbo’ de la Dependencia es del 31,9%.

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, año tras año, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales. «En un momento tan crítico como el actual, se agudiza la inoperancia del Sistema por sobrecarga de gestión: La burocracia contra las personas», señala este informe.

Aumenta la complejidad burocrática y los trámites farragosos

Y más allá de los datos, el Índice DEC advierte de la amenaza de convertir los Servicios Sociales en simples oficinas de procedimiento, acreditación y clasificación de la ciudadanía (checking social) en función del cumplimiento de requisitos para acceder a diversas ayudas que se establecen ante situaciones de pobreza. «Eso hace inoperantes a los servicios sociales en momentos, como los actuales, en los que tenemos que responder a nuevas realidades y necesidades que plantea la sociedad postcovid. Lejos de mejorar, la complejidad burocrática y los trámites farragosos se han incrementado, y constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan», señalan los autores de este documento.

A ello se une que las Administraciones se están alejando de la ciudadanía y los servicios sociales vuelven a una deriva asistencialista, ya que, ante la incapacidad de los servicios públicos para responder con agilidad y eficacia a las necesidades más básicas de las personas, son organizaciones del “Tercer sector” quienes asumen esta respuesta. Así, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, la gran esperanza para el sector y, especialmente, para tantos cientos de miles de familias en situaciones de extrema precariedad económica, pierde en gran parte su potencialidad por la falta de procedimientos ágiles y la exigencia de complejos e incomprensibles requisitos, que hace que tres de cada cuatro solicitudes hayan sido rechazadas.

En el caso de la dependencia, además de la debilidad de su financiación, los procedimientos farragosos son, en gran medida, la causa de que se mantengan decenas de miles de personas en el limbo de la valoración o de la atención, y que muchas de ellas fallezcan sin ser atendidas. También los procedimientos innecesariamente complejos son la causa de que muchas personas desistan de solicitar ayudas a los servicios sociales de las entidades locales para atender sus necesidades más básicas, y lo hagan a entidades del Tercer sector, que pueden ofrecer respuestas más inmediatas a situaciones que así lo requieren, como comer, pagar el alquiler o gastos de la vivienda.

«Incluso estamos viviendo la vergüenza de que los propios servicios sociales municipales ‘deriven’ a sus usuarios a estas entidades privadas, ante la evidencia de que con sus procedimientos son incapaces de responder a necesidades tan básicas con la agilidad que se precisa. Consumidos por la burocratización, incapaces de encontrar procedimientos ágiles para responder a las necesidades básicas de la población, la deriva asistencialista se consolida, y en lugar de avances en los derechos sociales vemos, cada vez más, brotes benéficos en nuestra sociedad», advierte este informe.