Representantes de todas las comunidades autónomas se han reunido en Zaragoza en un foro organizado por el Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) para analizar las diferentes realidades que viven los ciudadanos dependiendo de su lugar de residencia. Con este primer encuentro “queremos elaborar un documento que marque las líneas rojas que nunca se deben traspasar para la garantizar la calidad y la atención y que unifique criterios”, explica Cinta Pascual, presidenta del CEAPs.

La reunión, a la que han acudido miembros de las organizaciones regionales que forman parte de la entidad de toda España, ha reunido físicamente, por primera vez tras la pandemia, al sector y ha permitido comprobar que siguen las deficiencias en el sector y que existen «diferencias muy significativas» que achaca a que en realidad hay «19 leyes» diferentes, 16 de las Comunidades Autónomas (y las Ciudades Autónomas) y 3 de los territorios históricos del País Vasco. En este contexto, Cinta Pascual apunta que “el modelo debe garantizar la igualdad de Derechos y tiene que comenzar con unos criterios únicos con una financiación digna que equipare los servicios de todos los ciudadanos con independencia de donde residan”.

Tal y como señala la presidenta del CEAPs, esta realidad está marcada por la disparidad de la financiación y de los conciertos públicos, por ejemplo, en plazas residenciales, con una balanza que oscila entre los 1.450 euros y los 2.900 euros al mes. “Algo que impide garantizar que los ciudadanos tengan los mismos servicios y la misma calidad de la atención”, advierte. Para ello, durante las sesiones de trabajo el CEAPs ha decidido elaborar un informe y trazar un plan que siente los criterios básicos de acceso y atención a los Servicios y que imponga unos “mínimos”, tal y como indica Pascual.

Conocer el coste real de los servicios y la viabilidad del Sistema

Para poder conocer cuál es el coste real de ofrecer un servicio y ver la viabilidad del Sistema para lograr adaptar a los modelos centrados en la persona, CEAPs ha comenzado en este encuentro a recopilar y analizar los datos pormenorizados de todas las regiones que se recogerán en un informe que se presentará en los próximos meses y que pretende ser el punto de partida para encontrar el camino para que se alcance la igualdad de Derechos y se garantice la calidad y la atención por “dignidad y justicia social”.

Con este informe se pretende seguir actuando y trabajando en los nuevos modelos de atención en los que el sector lleva invirtiendo investigación, recursos e innovación desde hace diez años. Un modelo que tiene al ‘proyecto de vida’ como garante del Derecho de promoción de la autonomía personal de los usuarios. “Las personas que estamos dentro de una residencia, una empresa de Ayuda a Domicilio, de Teleasistencia o Centro de Día vemos cómo las necesidades de los usuarios cambian y nos vamos adaptando a ellos. Pero no podemos hacerlo solos, necesitamos que haya un respaldo institucional, legislativo y social que tenga en cuenta que el interés último siempre es garantizar la mejor atención a las personas en el momento en el que más recursos y apoyo requieren”, advierte la presidenta del CEAPs, recalcando que “hay que dignificar al sector, a los profesionales, y equiparar los servicios y la atención. Ahora es el momento de hacerlo”.

Y estos déficits comienzan en el desconocimiento de la Ley de Dependencia que los posibles beneficiarios tienen de la Norma. Por ello desde CEAPs piden que se realicen campañas públicas en las que se permita a los beneficiarios conocer los derechos que poseen. “Esta realidad hace que muchas personas lleguen a las residencias en situaciones de Dependencia Severa que podrían haberse evitado accediendo a recursos sociales como los centros de día, la teleasistencia o SAD y vivir con mayor calidad de vida en sus propios domicilios”, explica la presidenta de CEAPs.

El segundo escollo se encuentra cuando una vez que “incluso la propia residencia gestiona la aplicación de la Norma el proceso de reconocimiento y obtención de los derechos lleva a una media de 430 días”. Un proceso en el que se produce una de las más graves desigualdades en toda España. Así lo exponía Cinta Pascual, en representación de todos los asistentes: “aquellas personas en el limbo que no pueden esperar a que se les asigne el servicio y deben buscarlo de manera privada, además de asumir el pago íntegro del servicio, sin la ayuda pública a la que tienen derecho, han de pagar un 6% más de IVA porque la Ley de IVA establece tipos diferentes según quién pague el servicio. No podemos seguir manteniendo estas diferencias. El Estado debe tomar medidas”.

“Hay quienes no pueden acceder a los servicios de manera privada porque no tienen recursos, pero sí derechos recogidos por Ley. Se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad. Algo en lo que coincidimos todos los territorios, por ello exigimos que se pongan en marcha mecanismos que ofrezcan los servicios de manera inmediata para que nadie se quede sin los apoyos que precisa”, concluye la presidenta del presidenta del CEAPs, la mayor asociación de atención a la dependencia de España, integrada por las patronales mayoritarias de atención a los mayores (que aglutinan más 180.000 plazas y servicios que aportan las respectivas patronales territoriales) y las empresas Tunstall Televida y Macrosad.