Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP) se reclama el derecho a vivir la vejez con plenos derechos, libre de estigmatizaciones y prejuicios, discriminaciones, abusos o maltrato.

«Nuestras reivindicaciones no son aisladas del resto de la sociedad, y por tanto, buscamos políticas transversales dirigidas a garantizar los derechos y las necesidades de las personas mayores. Reivindicamos ser ciudadanas de pleno derecho como las demás personas, sin que la edad sea un condicionante para nada», señalan desde UDP.

Como miembros de la Mesa Estatal por los Derechos de las Personas Mayores en España, esta entidad reivindican una Convención de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas Mayores y solicita al Gobierno de España a liderar esta petición, ya que España ha sido siempre un miembro activo de Naciones Unidas, comprometida con la reivindicación y aprobación de los principales tratados internacionales  de Derechos Humanos.

Asimismo, UDP insta al Gobierno a desarrollar un plan de acción con estrategias preventivas contra el maltrato y abuso hacia a las personas mayores y la tramitación de una Ley de los derechos y el buen trato a las personas mayores, así como a creación de una oficina especializada en la atención al maltrato a las personas mayores con un teléfono adscrito a esa oficina, del tipo del 016 contra la violencia de género.

Además, desde UDP se recalca que el creciente fenómeno de la soledad no deseada, junto a la disminución de su autonomía funcional, constituye uno de los elementos provocadores de situaciones vulnerables de aislamiento social y desarraigo y, por tanto, a situaciones de maltrato, las cuales se han visto recrudecidas con el aislamiento social derivado de la pandemia de la Covid-19. Y en este contexto, sigue siendo necesario avanzar en la Estrategia Nacional de lucha contra la soledad no deseada de las personas mayores, liderada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales – IMSERSO.

Aumentar los ratios del personal cualificado y la formación en diversidad

«En este día, también queremos recalcar en la necesidad de aumentar los ratios del personal cualificado en las residencias de mayores y en Atención Primaria. Que sean los adecuados y posibiliten alcanzar elevados niveles en la calidad prestada. El incremento de estas contrataciones evitaría la aparición de situaciones de estrés para el personal profesional, como el síndrome de Burnout o síndrome del cuidador quemado, así como la formación continuada y sin olvidar la perspectiva de género a la hora de abordar la prevención de estas situaciones», señalan desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.

En este sentido, esta entidad también urge a dotar al personal profesional y formación u especialización en Diversidad, para que las personas mayores LGTBI no vean vulnerados su dignidad y sus derechos, al volver al armario, en muchas residencias de personas mayores. «Al igual que se promueve la igualdad desde otros ámbitos, en UDP consideramos necesario hacer lo mismo desde el ámbito de las personas mayores. Seguimos siendo tratadas como un colectivo uniforme. El día a día y las vivencias y necesidades de nuestro colectivo son muy diversas y requieren un conocimiento exhaustivo para no caer en la estigmatización, la generalización y el estereotipo», afirma UDP.

En su compromiso con la mejora de la calidad de vida de todas las personas –especialmente de las personas mayores– y la lucha contra el abuso y maltrato, UDP ha puesto en marcha una nueva edición de sus Jornadas formativas e informativas sobre Prevención de los Malos Tratos y Abusos a las Personas Mayores.

Se trata de jornadas que tienen como objetivo desmitificar y crear conciencia entre las personas profesionales, las entidades sociales, las administraciones y la sociedad en general, sobre la forma oculta de violencia que supone el abuso y maltrato hacia las personas mayores. Con esta iniciativa también se pretende empoderar a las propias personas mayores, para que identifiquen estas prácticas discriminatorias y denuncien posibles casos de malos tratos y abusos, como condición también imprescindible para su erradicación.