La Mesa Estatal señala que el marco legislativo existente no garantiza la protección de los derechos de las personas mayores; por lo que ha enviado un Manifiesto a la Mesa del Congreso de los Diputados y a los grupos parlamentarios que apoyen la creación de una Convención Internacional sobre los derechos de las personas mayores.

Con motivo del Día internacional de las personas mayores, que se celebra el próximo 1 de octubre, la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores ha enviado un Manifiesto a la Mesa del Congreso de los Diputados, así como a todos los grupos parlamentarios, en el que solicita la aprobación de una declaración institucional que apoye la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores. La Mesa Estatal denuncia en este manifiesto que el marco legislativo actual no es suficiente para garantizar la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas mayores.

A pesar de que, en el año 2002, Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA), que incluye recomendaciones para abordar los objetivos socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud y el bienestar y los entornos amigables de las personas mayores, este plan no es vinculante jurídicamente y no incluye mecanismos independientes de supervisión, responsabilidad e investigación. Además, este plan omite importantes cuestiones de derechos humanos y carece de acciones específicas para abordar la discriminación por razón de edad.

El Manifiesto enviado a los grupos parlamentarios y a la Mesa del Congreso recuerda que, debido al edadismo que existe en nuestra sociedad, las personas mayores y, particularmente, las personas mayores con discapacidad no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás, lo que afecta a multitud de aspectos de sus vidas y a su dignidad.

Los estereotipos y prejuicios asociados cultural y socialmente al envejecimiento, a la edad y a las personas mayores hacen que se justifique un trato diferente y discriminatorio al atribuirles un menor valor social y menos capacidades, lo que repercute de forma directa en el disfrute de sus derechos humanos. Además, las mujeres mayores siguen siendo el grupo social en mayor riesgo de exclusión, especialmente si se asocia la edad a factores de interseccionalidad, tales como la discapacidad, la inmigración o la pobreza.

Por otro lado, las respuestas a la pandemia del Covid-19 han puesto de manifiesto las graves lagunas en la protección de los derechos de las personas mayores. La Mesa Estatal también recuerda en su manifiesto que el Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de subsanar las deficiencias del sistema internacional que protege los derechos humanos de las personas mayores.

En mayo de 2020, 146 Estados, entre los que se encuentra España, ya reconocieron estas lagunas y adoptaron el compromiso de promover y respetar plenamente los derechos de las personas mayores al apoyar el Informe del Secretario General de la ONU sobre el impacto de la COVID-19 en las personas mayores publicado en mayo de 2020.

Por todo ello, la Mesa Estatal considera necesario y urgente que se apruebe una Convención de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos hacia las personas mayores ahora y en el futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en todas las acciones.

Pueden acceder aquí para consultar el «Manifiesto a favor de la creación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores».

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