Con el objetivo de contar con un instrumento jurídico vinculante a nivel internacional que garantice y proteja los derechos y la dignidad de las personas mayores, y coincidiendo con la celebración del Día internacional de las personas mayores, la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores reivindica, una vez más, la creación de una Convención Internacional sobre los derechos de las personas mayores.
Las 21 organizaciones que componen la Mesa Estatal enviaron el pasado mes de septiembre un Manifiesto a la Mesa del Congreso de los Diputados y una carta a todos los portavoces de los grupos parlamentarios para solicitar una declaración institucional que apoye la creación de una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas mayores.
El eurodiputado Jordi Cañas (Ciudadanos, miembro del Grupo Renew Europe), y su equipo se mostraron interesados en esta acción y se reunieron con las entidades de la Mesa Estatal para conocer en profundidad las reivindicaciones que se hacen en el manifiesto. Desde esta entidad se ha formulado una pregunta al Alto Representante en el Parlamento Europeo para saber cómo piensa impulsar la preparación de una Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas mayores que vincule jurídicamente a los países que la ratifiquen.
También, el grupo Popular también se ha manifestado interesado en las propuestas de la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores. Por ello, las entidades firmantes de este manifiesto esperan que se den pasos importantes hacia la redacción de una Convención y que el resto de los partidos políticos también apoyen la creación de este instrumento para garantizar los derechos de las personas mayores.
La Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores denuncia en su manifiesto que el marco legislativo actual no garantiza la protección de los derechos y la dignidad de las personas mayores, recalcando que, pese a de que en el año 2002 Naciones Unidas aprobó el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA), que incluye recomendaciones para abordar los objetivos socioeconómicos en relación con el desarrollo, la salud y el bienestar y los entornos amigables de las personas mayores, este plan no es vinculante jurídicamente y no incluye mecanismos independientes de supervisión, responsabilidad e investigación. Además, el MIPAA omite importantes cuestiones de derechos humanos y carece de acciones específicas para abordar la discriminación por razón de edad.
El Manifiesto enviado a los grupos parlamentarios y a la Mesa del Congreso recuerda que, debido al edadismo que existe en nuestra sociedad, las personas mayores y, particularmente, las personas con discapacidad mayores no pueden disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones que las demás, lo que afecta a multitud de aspectos de sus vidas y a su dignidad. Los estereotipos y prejuicios asociados cultural y socialmente al envejecimiento, a la edad y a las personas mayores hacen que se justifique un trato diferente y discriminatorio al atribuirles un menor valor social y menos capacidades, lo que repercute de forma directa en el disfrute de sus derechos humanos. Además, las mujeres mayores siguen siendo el grupo social en mayor riesgo de exclusión, especialmente si se asocia la edad a factores de interseccionalidad, tales como la discapacidad, la inmigración o la pobreza.
Además, las respuestas a la pandemia del Covid-19 han puesto de manifiesto las graves lagunas en la protección de los derechos de las personas mayores, denuncia la Mesa Estatal por los derechos de las personas mayores, desde la que se recuerda también que el Secretario General de las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad y el Consejo de Europa han reconocido la necesidad de subsanar las deficiencias del sistema internacional que protege los derechos humanos de las personas mayores.
Ya en mayo de 2020, 146 Estados (entre ellos España), reconocieron estas lagunas y adoptaron el compromiso de promover y respetar plenamente los derechos de las personas mayores al apoyar el Informe del Secretario General de la ONU sobre el impacto de la Covid-19 en las personas mayores publicado en mayo de 2020.
Por todo ello, la Mesa Estatal considera necesario y urgente que se apruebe una Convención de Naciones Unidas que promueva y garantice los derechos de las personas mayores, en toda su diversidad, para que los gobiernos y las sociedades de todo el mundo, sean conscientes de sus obligaciones y responsabilidades en materia de derechos humanos hacia las personas mayores ahora y en el futuro, facilitando los procesos de participación de las personas mayores en todas las acciones.
