El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) reclama actualizar «sin demoras» el catálogo ortoprotésico a las comunidades autónomas que aún no lo han hecho, ya que, según la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero, debería haberse adaptado en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en vigor.
Así lo reclama el movimiento social de la discapacidad, desde donde se asegura que «este proceso de adaptación no se ha producido en todas las Comunidades Autónomas a pesar de haber superado el plazo máximo». En este sentido, el CERMI exige una actualización rápida de un catálogo por parte de los responsables de prestación ortoprotésica que reviste «una especial importancia para la autonomía de las personas con discapacidad».
Y es que, estos catálogos, por la relación de ayudas o por el sistema establecido para realizar la prestación, pueden convertirse en un motivo de desigualdad entre las personas con discapacidad en función de la comunidad autónoma en la que residan.
En este sentido, tras revisar los diferentes informes que se han recibido desde las CCAA, la Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) ha asegurado que existe un grupo que ha actualizado el catálogo de productos ortoprotésicos a la Orden SCB/45/2019, de 22 de enero y otras comunidades autónomas están finalizando el proceso de adaptación, como es el caso de Andalucía, Asturias, Navarra y País Vasco.
Reivindicaciones de las personas mayores con discapacidad
Por otra parte, el CERMI también reclama los recursos económicos y humanos “adecuados” que hagan viable y efectiva la puesta en marcha de reformas legislativas relacionadas con mayores y discapacidad. En este sentido, esta entidad han elaborado un manifiesto con las principales reivindicaciones en relación a las personas con discapacidad mayores. Y es que, tal y como han asegurado desde el CERMI, la discapacidad, ya sea sobrevenida o no, constituye un “factor adicional que reclama más y mayor protección social y un cumplimiento más estricto y exquisito de sus escasos derechos existentes”.
En relación a las reformas, según el CERMI, la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto la endeblez de muchas de las legislaciones y sistemas de protección que amparan a las personas mayores. Y por ello exigen de los diferentes actores sociales una “reflexión y compromiso ético y moral” que garanticen “que no se repiten los hechos ocurridos durante las peores fases de la pandemia”, en las que la discriminación ejercida sobre las personas por razón de edad o discapacidad ha tenido “consecuencias letales en muchos casos”. Esta entidad solicita también asegurar una atención sanitaria en igualdad de condiciones a las del resto y que se enfoquen los recursos hacia la Atención Centrada en la Persona, lo que supone el respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias y cuenta con su participación efectiva.
Destacan en este sentido, la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica, que obliga a prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para ejercer su capacidad jurídica y poder así tomar y expresar sus decisiones de manera libre, autónoma e informada.
Por lo que respecta a la accesibilidad, el CERMI considera que, para poder conservar los derechos de las personas mayores con discapacidad, se deben evitar nuevos problemas de accesibilidad en materia de nuevas tecnologías. De la misma manera, pone de manifiesto la importancia de disponer de ciudades accesibles e inclusivas que garanticen que el entorno se adapte a toda la ciudadanía, especialmente a las personas con discapacidad mayores.
Por otro lado, desde el movimiento social de la discapacidad aseguran que las mujeres mayores siguen siendo un grupo social “en gran riesgo de exclusión especialmente si se asocia la edad y discapacidad, lo que hace necesaria una “atención específica para este grupo”. Y por último, recuerdan que otro de los grandes damnificados es el ámbito rural, ya que la precariedad e incluso la inexistencia de dotaciones de tecnologías de la información y la comunicación, hace necesaria una “inaplazable intervención pública” acompañada por la exigencia de partidas presupuestarias adecuadas, creíbles e inmediatas, advierte el CERMI.
