La ratio de plazas residenciales disponibles en Andalucía es inferior a la media estatal: 10,19 por cada 100 personas mayores de 80 años, dos puntos y medio por debajo de la media, y casi la mitad que Castilla y León. Además, el acceso a un recurso social supone casi 2 años en lista de espera, 726 días, según el estudios ‘El precio justo. Lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’.

‘El precio justo. Lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’, elaborado por CECUA (Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía) y CEAPs (Círculo Empresarial de Atención a Personas), es un estudio comparativo nacional de ratio y costes donde se han analizado, en profundidad, las cifras que sitúan a Andalucía a la cola del sector sociosanitario español.

El estudio constata que Andalucía es una comunidad autónoma que apuesta por el mantenimiento de las personas mayores dependientes en el hogar con servicios profesionales. La red de plazas residenciales disponible en esta Comunidad es inferior a la media estatal: 10,19 por cada 100 mayores de 80 años, dos puntos y medio por debajo de la media, y casi la mitad que Castilla y León. Además, evidencia, según datos del SISAAD, que el acceso a un recurso social es de casi 2 años en lista de espera, con un total de 726 días.

Cabe recordar que el pasado mes de abril, las patronales CECUA, FADE, FAECTA y LARES Andalucía, presentaron una propuesta al Gobierno andaluz para lograr un sistema sostenible, eficiente y con calidad de cobertura en la atención a las personas mayores dependientes.

En la misma se solicitaban mecanismos más flexibles que permitan la reducción de la lista de espera, con la puesta en marcha y aprobación este mismo año de un solo procedimiento de la resolución de grado y PIA, y de un plan de choque que mejore la tasa de reposición que conlleve el aumento de valoradores/as y personal técnico, tanto a nivel de Servicios Sociales comunitarios, delegaciones territoriales y de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA). Sin embargo, la propuesta no ha sido aprobada, lamentan las patronales del sector.

En cuanto a las camas residenciales copagadas por la Junta de Andalucía, públicas o concertadas, o bien con prestación económica, Andalucía está por debajo de la media, concretamente 2,75 puntos porcentuales por debajo, no llegando a 7 camas por cada 100 mayores de 80 años. Esto se traduce en que hay menos plazas residenciales que en otras comunidades, pero además son aún menos las que cuentan con algún tipo de financiación pública para el ingreso a residencias, siendo la brecha aún mayor si la comparativa la centramos en aquellas con cofinanciación pública.

A modo de ejemplo: una persona dependiente en Andalucía tiene la mitad de las posibilidades de acceder a una plaza residencial que una persona dependiente en Castilla La Mancha. Una primera estimación cifraría en unas 15.000, el número de plazas que tendría que incrementar la Junta de Andalucía, además en estos momentos existen más de 3.826 plazas vacías de residencias y centros de día.

Además, con el actual sistema de acreditación de centros residenciales, una persona dependiente grado III, recibe 270 horas menos de atención en un centro autorizado, que una persona que está en un centro acreditado.

Por otro lado, en cuanto al precio de concertación, el estudio recalca que no es suficiente para hacer frente a los gastos de personal, funcionamiento e inmobiliario de los operadores privados. No hay margen de beneficio industrial y no se paga por la plaza no ocupada. Mientras que muchas comunidades autónomas han actualizado tarifas del sector, fruto del acuerdo de Estado con agentes sociales que atiende a las personas en situación de dependencia, el Gobierno andaluz ha hecho caso omiso, dificultando la sostenibilidad de un sector de vital importancia, que parece abocado a la quiebra, si no se toman medidas con urgencia.

Andalucía dispone de una ratio óptima de atención en centros acreditados, que valida CEAPs, pero su tarifa está lejos de adecuarse a los costes reales de los servicios, con una gran diferencia con respecto a Madrid, cuyo precio plaza/día se sitúa en 74,88 euros, frente a los 55,26 euros de la Comunidad Andaluza.