En 2020 aumentó el déficit de plazas residenciales para personas mayores, año que finalizó con 389.677 plazas residenciales para personas mayores en nuestro país, sólo 643 más que un año antes. Así, la ratio de cobertura por cada 100 mayores de 65 años, baja de 4,22 a 4,19 en un año.
Tal y como señala la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este incremento de 643 plazas residenciales en 2020 supone solo un 0,2% respecto al año anterior. Teniendo en cuenta el incremento del número de personas mayores en España, el índice de cobertura (plazas por cada 100 personas mayores de 65 años), se reduce nuevamente, como viene ocurriendo en los últimos ocho años.
Al finalizar 2020 había en España 5.529 centros residenciales, lo que supone 13 menos que el año anterior y confirma el estancamiento del sector. Los centros públicos son 1.451 (16 más que el año anterior), y los privados 4.078 (29 menos que antes de la pandemia). El resultado es un mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 75.699, advierte la la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, a juicio de esta Asociación serían necesarias de manera inmediata no menos de 62.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III). Y es que, según datos oficiales (Estadísticas SAAD. Noviembre 2021. IMSERSO) hay en lista de espera 91.729 personas con Grado II y III, más 67.000 pendientes de valorar y que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el numero hasta las 158.729 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, cuatro de cada diez demandarían un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias entre 62.000 y 63.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda la lista de espera de la dependencia.
Por Comunidades Autonómicas, las que presentan con mayor déficit de plazas son Andalucía, Comunidad Valenciana y Galicia, con 30.236, 22.860 y 14.331 respectivamente. Por el contrario, en cinco Comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.541 plazas. El tamaño medio de los centros (nº medio de plazas por centro) es de 70,5. Alcanzando en Madrid su máximo 110 y en Extremadura el mínimo 46.
El 63,2% de las plazas residenciales son de financiación pública, incluyendo centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio. Este porcentaje ha ido aumentado ligeramente en los últimos años, de manera que al finalizar 2020 suponían 2,65 por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Aragón y Extremadura. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias y Murcia, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,5%) que las de financiación pública (1,86%).
Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales resulta significativo que un año y nueve meses después del inicio de la pandemia, aun no se hayan recupero el numero de plazas residenciales en el Sistema de Atención a la Dependencia: en febrero de 2020 eran 171.119, y en noviembre de 2021, 169.399 es decir, 1.720 plazas menos.
