La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que ha planteado sus reivindicaciones con respecto a las barreras de trato y atención que sufren las personas mayores y las personas con discapacidad mayores en las entidades financieras.
Este encuentro, calificado por la PMP como “muy positivo y esperanzador”, ha reforzado la denuncia de esta Plataforma sobre la exclusión financiera que están sufriendo las personas mayores y las personas con discapacidad mayores, causada por el cierre de miles de sucursales bancarias que se viene produciendo desde hace años. Una exclusión tanto social como financiera que ha supuesto muy serias dificultades (en miles y miles de casos, una total imposibilidad) para este colectivo en cuanto a la utilización de los cajeros automáticos y a las comunicaciones on line.
Por ello, la PMP ha trasladado a Ángel Gabilondo la necesidad un nuevo marco normativo que proteja adecuadamente los derechos de las personas mayores respecto al acceso a los servicios bancarios, y que conlleve que el servicio de banca física sea considerado un servicio esencial y de carácter universal hasta su transición a la banca digital.
A este respecto, Defensor del Pueblo ha manifestado durante el encuentro su firme compromiso con la defensa de los derechos de los ciudadanos, al tiempo que ha informado a la PMP de que se ha dirigido al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para trasladarle este problema y está esperando una respuesta de dicha institución sobre este tema.
Entre las demandas planteadas por la PMP al sector bancario están también la puesta en marcha de medidas responsables como la creación de un “gestor del mayor” en cada una de las oficinas bancarias, que ayude a los mayores en su interacción con el banco, así como complementar los servicios digitales con una buena y personal atención telefónica, o la instalación de dispensadores de efectivo más allá de la oficina bancaria, especialmente en la España rural.
En este aspecto, la PMP reclama contactar con las diputaciones provinciales y los ayuntamientos para crear un espacio en el que atender periódicamente, y en función del número de población, a las personas mayores, así como establecer soluciones para cobrar las pensiones por giro postal u otras vías, señalando el importante papel que podría realizar el servicio de Correos.
Asimismo, la PMP demanda que se aborden medidas concretas para poder alcanzar el incremento de las competencias digitales de las personas mayores, así como la necesidad de que las soluciones que se aporten sean sencillas, pero también accesibles para las personas con discapacidad mayores, entre otros.
Para la PMP, todas estas medidas deberían ser evaluadas durante su proceso de implantación, realizando un seguimiento para una real efectividad. «No solo se trata de que exista un protocolo estratégico para reforzar el compromiso social y sostenible de la banca, sino que se requieren actuaciones concretas reguladas a través de ese nuevo marco legal que demandan, el cual debe obligar a las entidades a mejorar la atención de las personas mayores, al mismo tiempo que contemplar un cuadro de infracciones y de posibles sanciones ante el incumplimiento de lo establecido en la nueva norma», señala la Plataforma de Mayores y Pensionistas, entidad que cuenta con 15.079 asociaciones y más de 5.746.000 afiliados, dedicada a la defensa de los derechos de las personas mayores y pensionistas ante los poderes públicos, privados y el conjunto de la sociedad.
