La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía ha anunciado la creación de centros específicos para personas que sufren la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como de centros de cuidados intermedios.
Con esta iniciativa, el Gobierno andaluz trata de afrontar una realidad ineludible y en crecimiento, como es la presencia de demencias en las personas mayores con motivo de daño, enfermedad o envejecimiento neurológico, de las cuales el Alzheimer es la más común. Según la Estrategia de Alzheimer de Andalucía, manteniendo los niveles de prevalencia actuales (6,5% para personas de entre 65 y 79 años y 13% para mayores de 80 años), la estimación de personas enfermas de demencia en Andalucía superará las 156.000 en 2030.
En España, actualmente hay más de 800.000 personas diagnosticadas de Alzheimer y la previsión es que esta cifra pudiera aumentar hasta 1,5 millones en el año 2050. Por tanto, se hace imprescindible contar con recursos asistenciales específicos para el abordaje sociosanitario de las personas afectadas y su entorno, poniendo el acento en la detección temprana, tratamiento y acompañamiento con objeto de mejorar la evolución y la calidad de vida.
En este sentido, el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía que establece la organización funcional y territorial en este ámbito con la finalidad de contribuir a garantizar el derecho de todas las personas a la protección y promoción sociales y la prevención, contempla la creación de nuevas tipologías y subtipologías de centros para la atención y prevención de la dependencia.
En estos casos, sus elementos constitutivos en cuanto a materiales, personal y procedimientos estarán ligados a cada prestación social. En el caso de los centros de cuidados intermedios, se trata de ofrecer atención integral en un sistema de cuidados continuados, ofreciendo a cada persona el nivel justo de recursos y servicios que requiera desde el sistema sanitario a las residencias sociales.
Y es que Andalucía no es ajena al fenómeno del envejecimiento de la población debido a la combinación del aumento de la esperanza de vida, el descenso de la natalidad y un saldo migratorio negativo. Según el informe presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la población mayor andaluza es muy relevante: más de 2,5 millones de personas de 55 y más años que suponen casi el 30% del total de la población. Se trata de un colectivo heterogéneo y diverso que incluye un rango de más de 30 años y, por lo tanto, con diferentes necesidades, inquietudes y problemas.
Además, se está produciendo un sobreenvejecimiento por un aumento de la población más mayor, ya que las personas de 80 y más años representan el 4,9% y este porcentaje puede triplicarse en las próximas décadas; detectándose además una feminización del envejecimiento conforme aumenta la edad, con énfasis en el ámbito rural más que en el urbano, especialmente en Andalucía oriental.
En este contexto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación contempla diferentes instrumentos de planificación entre los que se encuentra el I Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023 aprobado por acuerdo de 4 de noviembre de 2020 y que supone la guía esencial de las políticas sociales en Andalucía para los próximos años con la finalidad de promover el bienestar de las personas mayores y proporcionarles una atención basada en la prevención, la sostenibilidad y el cuidado integral y continuado de manera que puedan disfrutar plenamente de sus derechos.
Asimismo, la Junta trabaja en la elaboración de una Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria cuyo acuerdo de formulación fue adoptado el 23 de marzo de 2021 por el Consejo de Gobierno. Además, la Consejería tiene en cuenta la Agenda 2030, integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible, y el Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzos de las políticas de inclusión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia desarrollado por el Gobierno de España.
Regulación de dispositivos de baja exigencia para personas sin hogar
Además, el informe presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación al Consejo de Gobierno contempla también la regulación de dispositivos de baja exigencia para personas sin hogar, algo fundamental es un momento como el actual en el que el impacto de la pandemia por Covid-19 ha favorecido que los factores de exclusión social y residencial se multipliquen en toda la sociedad encarnándose con mayor intensidad en la vida de las personas más vulnerables que carecen de un hogar.
El recurso que se plantea desde la Junta de Andalucía se caracteriza por ofrecer la cobertura de las necesidades básicas con un modo de acceso inmediato y urgente que garantice la supervivencia de las personas en situación de exclusión residencial grave.
