Cualquier propuesta de mejora en el sistema de atención residencial en España resulta inviable si no viene acompañada de financiación y de una memoria económica, tal y como señala Cinta Pascual, presidenta del Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs), tras la última reunión de la mesa del Diálogo social entre el Ministerio de Derechos Sociales, empresas y sindicatos.
A raíz de este último encuentro para tratar de avanzar hacia un Acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación de centros y servicios de atención a la Dependencia, presidenta del CEAPs indica que “antes de hablar de nuevo modelo, se debería resolver el gran problema de infrafinanciación del sistema público en España”, recalcando que si se quiere apostar por una transformación real de los cuidados se debe llegar al 2% del PIB para la Dependencia como lo es en otros países de nuestro entorno (actualmente es del 0,7%), unido al incremento del precio de la plaza concertada entre los 2.030 euros (a razón de 67,6 euros) y los 2.700 euros al mes (90 euros).
En este sentido, para Cinta Pascual no es de recibo que la propuesta del Gobierno para la aplicación del nuevo modelo -entre 79 y 85 euros al día por plaza del sistema pública- se quede incluso por debajo del precio de la plaza concertada que se paga actualmente en comunidades como Madrid, País Vasco o Navarra, y plantea la duda de cómo autonomías como Asturias, Extremadura, Andalucía, Galicia o Castilla-La Mancha, con menos de 53 euros al día, van a dar ese salto cuantitativo.
“El borrador parece más una propuesta de cara a la galería que un proyecto serio, que incluya las necesidades de las personas mayores”, denuncia Cinta Pascual, asegurando que el déficit actual ya está haciendo “tambalear el sistema”, por lo que la incorporación de nuevos requisitos para los centros lo único que conseguirá es “estrangularlo”.
Según los parámetros hechos públicos hasta el momento, esto supondría contar con un máximo de 90 plazas, que al menos el 65% de las habitaciones sean individuales, la creación de unidades de convivencia de un máximo de 15 personas o un incremento de las ratios mínimas de atención directa hasta alcanzar un 0,48 en 2025 en residencias de mayores.
Para el CEAPs, en lugar de establecer un modelo “encorsetado” y con “requisitos anticuados” el Gobierno debería escuchar en primer lugar a los usuarios, sus deseos y necesidades. Y lo que desean es, según Pascual, “proximidad a sus domicilios y contar con financiación pública suficiente que les permita pagar los servicios”.
A juicio de esta patronal, los requisitos no son solo anticuados, sino imposibles de cumplir con el mismo dinero. Y es que, sin una financiación digna, no se podrá incrementar y mejorar tampoco las condiciones salariales de todos esos profesionales que han mostrado ser “un ejemplo” durante toda la gestión de la pandemia sanitaria.
En este contexto, desde el CEAPs se apuesta decididamente por una transformación de modelo, máxime cuando está muy próxima a entrar al sistema toda la generación del BabyBoom, pero ese modelo debe sustentarse en diferentes pilares, como un precio ajustado para garantizar la sostenibilidad del sistema, comenzando con las PEVs (Prestación Vinculada al Servicio) para atender a las personas que requieren atención de forma exprés o en situación de urgencia.
Además, la patronal apoya su modelo en una atención centrada en la persona, con libertad de escoger, en la calidad de los servicios, en el derecho a una sanidad universal y pública con independencia de dónde resida la persona, en un personal cualificado y en una reforma de la normativa existente, que además incluya la incorporación de las familias.
