Las asociaciones empresariales de residencias de Bizkaia (Elbe, Gesca y Lares) han emitido un comunicado conjunto, por medio del cual, salen al paso y se defienden del «señalamiento» y la «criminalización constante« que desde algunos partidos políticos y sindicatos se está haciendo de la gestión privada de las residencias.

Elbe, Gesca y Lares (organizaciones empresariales de residencias de Bizkaia) acusan a algunos agentes político – sindicales de participar una campaña de desprestigio con el único objetivo, en su opinión, de «conseguir generar un conflicto que les reporte un incremento de votos y afiliados». Los empresarios afirman que la actividad residencial en Euskadi está ya «súper regulada, inspeccionada y controlada«.

Además, en su comunicado las organizaciones empresariales enfatizan el riguroso control al que están sometidos los convenios laborales de los trabajadores y en cuanto a las cuentas, señalando que «todas las sociedades mercantiles que gestionan residencias presentan anualmente sus cuentas a la hacienda foral, y abonan el correspondiente impuesto de sociedades».

Por todo ello, las tres asociaciones exigen que no se utilice esta actividad para la batalla política, y han calificado de «igualmente dolorosa la laxitud y el seguidismo de aquellos partidos políticos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno, que son conocedores de la realidad del sector, y que no hacen nada por frenar estos ataques que van contra un modelo de relación público privado que ha demostrado su eficacia en sus 40 años de vida». En el comunicado destacan siete puntos:

1. El sector de la atención residencial a personas dependientes es una actividad súper regulada, inspeccionada y controlada, al objeto de salvaguardar los derechos y la calidad de vida de las personas que viven y trabajan en las residencias.
2. La práctica totalidad de los centros cuentan con sistemas de gestión de calidad auditados por terceros. En este punto además las empresas destacan que «la mayor regulación del sector proviene de las personas usuarias y sus familias«.
3. La actual Red Foral de residencias de atención a personas dependientes no existiría de no ser por la iniciativa privada, titular de más del 75% de las plazas.
4. La financiación de la atención a la dependencia corre mayoritariamente a cargo de las personas dependientes y/o de sus familias.
5. La ratio actual mínima de personal es superior al 50%, es decir, por cada dos personas atendidas en residencias en Bizkaia, hay una persona contratada a jornada completa.
6. Las condiciones laborales del sector en Bizkaia son, junto con las guipuzcoanas, un referente a nivel estatal.
7. No se han encontrado correlaciones que indiquen que el impacto de la pandemia ha sido mayor en unos centros que en otros por su tamaño, por su modelo de gestión, por sus condiciones arquitectónicas, ni mucho menos por su titularidad.

Finalmente, Gesca, Elbe y Lares señalan el sector se encuentra inmerso «en un proceso de reconversión sectorial de los cuidados de larga estancia que viene marcado por un nuevo marco normativo y por un modelo de atención, centrado en la persona«. Y lamentan que se trata de «un cambio de paradigma que parece no ser del agrado de algunos agentes político sindicales que prefieren vivir anclados en un modelo que se ha quedado obsoleto y, quizás, este es el problema de fondo».