A partir de este mes de marzo, la Generalitat de Catalunya ha eliminado el plazo suspensivo de 18 meses de la prestación de personas cuidadoras no profesionales. Esta medida cuenta con una inversión mensual de 1,4 millones de euros, que varía en función de los beneficiarios que se vayan incorporando al sistema.

Se prevé que esta medida beneficiará inicialmente a las 6.400 personas que a finales de mes recibirán esta prestación. 2012 el Gobierno del Estado estableció que, una vez aprobada la resolución favorable, el cobro de estas prestaciones económicas se suspendían durante un plazo máximo de dos años. En 2017 el Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya aplicó una mejora de este plazo suspensivo, pasando de los 2 años a los 18 meses, plazo que ahora desaparece.

La consejera de Derechos Sociales, Violant Cervera, señala que uno de sus principales objetivos de sus departamento es trabajar para la reducción de los plazos de gestión de las solicitudes de la dependencia y de la reducción de la lista de espera para acceder a prestaciones y servicios.

Se denomina cuidador o cuidadora no profesional aquel familiar hasta tercer grado de parentesco que convive con la persona en situación de dependencia y lo atiende de forma continuada. Actualmente, en Cataluña 80.000 personas reciben la prestación de cuidador no profesional, a la cual se destinó el año pasado 234 millones de euros. En el presupuesto 2022 está previsto una inversión de 255 millones para cubrir la nómina ordinaria, en los cuales están incluidos 17 millones anuales de la nueva medida.

Para avanzar en la reducción de los plazos en dependencia, el Departamento de Derechos Sociales también automatizará el proceso de descarga de la documentación electrónica; implementará la firma biométrica de los acuerdos PIA a finales de año 2022, el que agilizará la remisión y la gestión de los acuerdos PIA por parte de los entes locales, e implantará varios programas informáticos en todo el territorio que permitirán agilizar los acuerdos PIA.

En este sentido, Cervera resalta que se realizará una inversión de 27 millones de euros provenientes de los Fondos Europeos para la transformación de los sistemas de información de servicios sociales, con el objetivo de agilizar la respuesta a las personas, simplificar procesos administrativos, disponer de información que ayude a planificar, entre otros.