El modelo de ‘Acuerdo de acreditación y calidad de los centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD)’ ha sido duramente criticado por las patronales del sector de atención a la Dependencia, que consideran esta propuesta como «inaceptable», ya que pone en riesgo la atención a las personas mayores más vulnerables,

La propuesta se ha negociando durante meses en el marco del Diálogo Social, y desde el primer día, las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED solicitaron la realización de una memoria económica que justificara y diese sentido al cambio radical en el sistema de cuidados a la Dependencia que pretende llevar a cabo.

La nueva normativa obliga a cambiar el modelo actual a todos los centros y servicios existentes, y a reducir de manera significativa plazas en las más de 5.200 residencias que actualmente hay en toda España. La propuesta contempla una serie de medidas entre las que destacan la limitación a 75, 90 o 120 plazas dependiendo de la ubicación del centro, y un plazo de reconversión de los centros ya acreditados y los centros en construcción/promoción hasta el 31 de diciembre de 2029.

Las patronales del sector critican que “se echa en falta la posibilidad de elección de centro independientemente de si su titularidad es pública o privada, a pesar de que se apuesta por el modelo de Atención centrado en la Persona”.

Además señalan que “este modelo es inviable y que desde las empresas que trabajamos por y para las personas no entendemos que se hable de cambio de modelo sin que se realice primero una restructuración de la financiación”. A su juicio, esto supondría «una merma significativa de oferta de plazas que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias”.

Ademas “el principal perjudicado del modelo propuesto serían los propios usuarios y sus familias que se encontrarían sin la oferta necesaria, tanto en cantidad como en calidad, para recibir la atención que requieren y a unos precios en torno a un 50% superiores a los actuales”.

Desde AESTE, ASADE, CEAPS y FED se recalca que “el dinero no se pide para las empresas, sino para sostenibilidad del sistema de dependencia en España”, y aseguran que se está haciendo una discriminación entre las personas que reciben los servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada, y mucho más de aquellos que están en el limbo.

Además, piden que no se hable retroactividad, y que no es viable hablar de cambio arquitectónico en los centros que ya están en funcionamiento o en construcción. A su juicio, e borrador presentado resulta confuso a la hora de establecer la necesidad de la adecuación de los centros ya existentes, de los que tengan licencias o autorizaciones previas a la autorización de la Norma o incluso de aquellos que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse habiendo nacido y regulado su actividad al amparo de normas legales existentes en su momento.

«No cabe duda de que debe establecerse con claridad el periodo transitorio, el momento en el cual están vigentes las nuevas normas en relación con los procesos vivos de gestión de nuevos centros ya sea en sus fases de autorización y licencias o construcción y, sobretodo, para aquellos centros ya existentes y que por su configuración arquitectónica no puedan adaptarse o exijan unas inversiones desproporcionadas para ello», advierten. 

Además, las patronales alertan sobre los efectos que ya está provocando la propuesta, señalando que “actualmente hay en promoción y construcción más de 38.500 camas en España y la simple posibilidad de que esta propuesta salga adelante, ya ha creado una inseguridad jurídica en el sector que está ralentizando su crecimiento».

Para estas organizaciones patronales se debe apostar por mejorar la calidad en el servicio y las condiciones laborales de sus profesionales, compatibilizándola con la sostenibilidad del sistema de Dependencia. En un país envejecido como España y con la llegada de los babyboomers los esfuerzos del sector «deberían centrarse en desarrollar una red de centros y servicios que sea sostenible y asumible para el bolsillo de los dependientes y sus familias”, indican.

De llevarse a cabo, según estimaciones de las patronales, en el sector residencial,se cerrarían alrededor de 72.500 plazas, lo que supone el 25% de la oferta. Por ello, AESTE, ASADE, CEAPS y FED abogan por un modelo pactado, basado en la colaboración público-privada, que permita ofrecer nuevos servicios y nuevos centros con una mejora clara de la calidad, pero a precios sostenibles.

La propuesta del Ejecutivo discrimina de forma directa al medio rural

Por su parte, la Asociación Gallega del Sector de la Dependencia (AGASEDE) considera que la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no solo es lesiva para el sector y provocaría la pérdida de empleos, sino que discrimina de forma directa al medio rural gallego.

Y es que, a su juicio, «discrimina directamente al rural, limitando el número de plazas de los centros residenciales frente a las grandes urbes, haciendo que muchos centros dejen de ser viables. Creemos importante recordar que las residencias han demostrado ser un gran dinamizador económico en zonas rurales, donde generan importantes volúmenes de puestos de trabajo y ayudan a fijar población», advierte AGASEDE.