La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León ha anunciado la próxima aprobación de una ley de derechos de las personas mayores que impida la discriminación por edad y otra de atención residencial en el ámbito de los cuidados de larga duración.
En el marco del programa de actuaciones a desarrollar en la XI Legislatura autonómica, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha anunciado en la sede de las Cortes de Castilla que su Consejería acometerá un profunda modernización de los servicios sociales que permitirá incrementar la calidad en la atención, optimizar los recursos y llegar a todas las zonas de Castilla y León, la comunidad con el mayor índice de envejecimiento de España, especialmente al ámbito rural, así como para ofrecer respuestas eficaces a las nuevas necesidades de la sociedad.
Entre estas medidas destaca la aprobación de una ley de derechos de las personas mayores que, entre otros aspectos, “impida la discriminación por edad, contemple la ampliación de derechos de dependencia a aquellos que no están cubiertos por la ley estatal y facilite el acceso a prestaciones a aquellas personas mayores que vivan solas”, señala Isabel Blanco.
La consejera resalta que esta ley ampliará y actualizará el catálogo de derechos de las personas mayores y se posicionará activamente frente al edadismo, es decir, la discriminación por razón de la edad. También contemplará una nueva situación de necesidad como es la soledad, a la que se vincularán una serie de recursos y apoyos para prevenir, detectar y actuar ante este tipo de situaciones.
Otra de las leyes en las que el departamento que dirige Isabel Blanco lleva trabajando desde hace tiempo, y que se aprobará en este periodo, es la de atención residencial en el ámbito de los cuidados de larga duración. Esta norma está orientada al momento en el que las personas dependientes ya no puedan permanecer en su hogar e incorpora el nuevo modelo de atención residencial, centrado en la persona, que presta una atención personalizada, incluyendo el apoyo y acompañamiento emocional, generando empleo y crecimiento económico en la zona y permitiendo la pervivencia de las residencias, especialmente las del medio rural.
“La esencia de la ley se basa en la atención centrada en las necesidades y deseos de las personas dependientes, de forma que estos centros se conviertan en verdaderos hogares, organizados en unidades de convivencia como modelo a desarrollar”, afirma Isabel Blanco. Dentro de este proceso de modernización se van a incorporar las nuevas tecnologías a las residencias de mayores.
Por otra parte, la Junta de Castilla y León realizará inversiones significativas que van a permitir mejorar la oferta de plazas de estancia prolongada en todas las provincias, así como modernizar, adecuar y crear infraestructuras para incrementar el número de plazas en centros residenciales de personas mayores de titularidad pública. Entre estas inversiones destacan la finalización de la nueva residencia de personas mayores de titularidad de la Junta en Salamanca y la construcción de dos nuevas en Ávila y Zamora.
De forma paralela, y con el objetivo de facilitar la permanencia de las personas en su domicilio, se ha desarrollado el programa ‘Atención en Red’, un proyecto innovador, incluido dentro del sistema de Atención a la Dependencia 5.0, que conjuga los cuidados en domicilio y en centros residenciales con la finalidad de ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica.
Este proyecto pivota sobre tres iniciativas: los proyectos ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’ y el nuevo modelo de atención residencial, basado en unidades de convivencia. “Nuestra apuesta es extender este programa a todas las provincias de Castilla y León, de forma que durante la legislatura llegue al mayor número de personas posible”, señala Isabel Blanco.
Esta tendencia a envejecer en el propio hogar conlleva también asumir riesgos de aislamiento social en las personas mayores. Por este motivo, la Junta de Castilla y León elaboró hace medio año el Plan Estratégico de lucha contra la soledad no deseada que contempla actuaciones desde la prevención, la detección y la intervención.
Impulso al Hub de Innovación Tecnológica en Zamora y a la Teleasistencia Avanzada
Para impulsar la modernización de los Servicios Sociales y favorecer la innovación empresarial en este ámbito, desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se va a impulsar el Hub de Innovación Tecnológica en Zamora para el desarrollo de cuidados de larga duración, un espacio en el que emprendedores, empresas emergentes y otras ya consolidadas se unan para fomentar el aprendizaje y el trabajo colaborativo y dar respuesta a los desafíos de un sector de alto potencial.
Otro proyecto de vanguardia y que destaca por su importancia es la Teleasistencia Avanzada -gratuita para todas aquellas personas mayores que la soliciten-, que se implantará en toda Castilla y León y que ha evolucionado de un sistema de alerta ante situaciones de crisis en el domicilio a un servicio social avanzado con entidad propia y con capacidad de contribuir a la prevención de la dependencia, promover la autonomía personal y cuidar telemáticamente de quienes eligen continuar su proyecto de vida en su propio hogar.
Otra prestación esencial que se va mejorar es la ayuda a domicilio, un servicio clave que cuenta con más de 38.800 usuarios para promover la permanencia de las personas en sus domicilios, muy especialmente en el medio rural y que ya se ha reforzado con el incremento de horas de atención. “Queremos incorporar a más personas usuarias de este servicio, especialmente a las personas que viven solas, y vamos a extender los supuestos de gratuidad y a disminuir la cuantía que han de abonar los usuarios que estén sujetos al copago”, ha anunciado la consejera.
Con el objetivo de que las personas puedan permanecer en sus domicilios, también se extenderá a todas las provincias el programa ‘INTecum’, que permite a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos sociales y sanitarios que necesiten para poder seguir viviendo en sus hogares.
Por otra parte, a fin de prestar una atención más individualizada y cercana, se simplificará la gestión administrativa con el objetivo de que sea más ágil y eficaz, eliminando el 95% del papel en los procesos administrativos. Además, se reducirá a un mes el plazo del reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia desde su solicitud.
Otra de las novedades importantes para esta legislatura será la conexión de los sistemas de información de los servicios sociales con los sistemas de información de Sanidad, Educación, Empleo y Vivienda, para dar respuestas más rápidas y ágiles a los ciudadanos.
