La infrafinanciación histórica que sufre la atención a la Dependencia es el principal obstáculo del sistema para una atención adecuada a las personas mayores, tal y como revela el Informe Social y Económico de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), organización empresarial que agrupa el 70% de las entidades de recursos asistenciales para mayores en Cataluña.
A raíz de los datos de este informe ACRA considera imprescindible “un incremento sustancial de la financiación de las Administraciones, especialmente del estado, y establecer un copago justo y equitativo entre los usuarios”, señala Cinta Pascual, Presidenta de ACRA. En este sentido, desde esta entidad se apuesta por “un modelo que potencie la autonomía personal, un modelo más flexible para personalizar el acceso a los servicios a la dependencia de acuerdo con las necesidades de las personas en cada momento de su vida”.
Pese que existe el consenso común sobre la necesidad de un nuevo modelo para el sector, se habla muy poco de como se podrá financiar. “Teniendo en cuenta que un 70% de las plazas en el ámbito residencial tienen financiación pública, la inversión pública debe ser muy superior”, indica Cintia Pascual.
Desde ACRA se apuesta por elevar la inversión al 2% del PIB, tal y como pasa en otros países europeos, e incrementar el precio de las tarifas públicas de los servicios, así como de las prestaciones vinculadas al servicio, lo que permitiría la reducción de la lista de espera en Cataluña (unas 10.000 personas para acceder a una residencia) y disminuir el llamado ‘limbo’ de la dependencia, o lo que es lo mismo, esas personas con la prestación ya reconocida por ley, pero aun pendiente de recibirla. Cabe destacar que, en Cataluña, 1 de cada 3 dependientes están en esta situación, el peor porcentaje de todo el estado.
El Informe Social y Económico de ACRA también refleja el aumento de las solicitudes por dependencia en los últimos años, una presión creciente en el sistema provocado por el sobre envejecimiento de la población, que irá a más en los próximos años ya que se espera que más de un tercio de la población catalana tenga más de 65 años en el 2020. A finales del 2021, Cataluña contaba con 172.604 personas beneficiarias de una prestación por dependencia, el 52% de las cuales tiene más de 80 años, un colectivo especialmente vulnerable tal y como se ha demostrado con la Covid-19.
Precisamente, la pandemia ha tenido un efecto en los datos del sistema de atención, con una disminución de las solicitudes de grado de dependencia y de los beneficiarios de los servicios con financiación pública hasta a niveles similares a los del 2018, sobre todo entre la franja de mayores de 80 años, lo que indica como la edad fue un factor de riesgo muy importante durante la pandemia.
El Presidente de la Comisión Económica, Ramon Ramells, ha sido el encargado de presentar este informe en un acto celebrado en el Col·legi d’Economistes de Catalunya, que también ha acogido la celebraci´ón de una mesa redonda sobre “La sostenibilidad del modelo de atención a los mayores en el futuro”, moderada por tesorero de ACRA, Carlos Escudero, que ha contado con la participación de diversos presidentes de patronales autonómicas de la dependencia, como Rafael Sánchez-Ostiz (Presidente de ANEA) y José María Toro (Presidente de AERTE), además de Cinta Pascual (Presidenta de ACRA). El tesorero de ACRA, Carlos Escudero, ha moderado el espacio.
Las personas interesadas pueden consultar aquí el Informe Social y Económico 2021 de la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).
