La dependencia de personas afectadas por Alzheimer en el entorno del cuidador y de la familia supone un coste económico de 31.000 euros anuales de media, entre costes directos e indirectos. CEAFA denuncia la falta de recursos públicos y de personal cualificado, además de la acusada desigualdad territorial.
La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) insta a reducir los tiempos de resolución de las listas de espera de la dependencia simplificando los trámites burocráticos de la solicitud de valoración, facilitando el dictamen, así como el acceso a los diferentes recursos y servicios previstos por la Ley de la Dependencia.
En este sentido, Mariló Almagro, presidenta de CEAFA, sostiene que esta ley “es el instrumento en el que miles de personas tienen puestas sus esperanzas para paliar, en gran parte, sus complicadas situaciones de vida generadas por una enfermedad”.
En base a los datos de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia. De las que 18.356 quedaron pendientes de resolución de grado de dependencia y 27.944 pendientes de resolución de prestación.
Sobre estas cifras, la presidenta de CEAFA declara que “ponen de manifiesto la falta de recursos y personal cualificado. Por ello, desde CEAFA también reivindicamos que se revise y se adapten los recursos existentes conforme avanza la enfermedad (como las Terapias No Farmacológicas), además de la formación de equipos de valoración y la incorporación de más profesionales en aquellas Comunidades Autónomas en las que no llegan a cumplir con tiempos de espera razonables”.
Distribución desigual del gasto público destinado a Dependencia
La inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2021 fue de 9.559 millones de euros. No obstante, durante el pasado año, un total de once Comunidades Autónomas disminuyeron el gasto público destinado a la atención a personas en situación de dependencia: Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha.
“Una de las luchas que mantiene nuestra entidad es la de evitar las desigualdades territoriales en muchos aspectos (sanitarios, recursos, diagnósticos…) y también en la inversión en dependencia, ¿no sería posible establecer unos requisitos mínimos comunes para intentar evitar estas desigualdades, por ejemplo, en tiempos de valoración, en prestaciones idénticas según el grado y el nivel de dependencia, en recibir la prestación o el recurso más apropiado según la fase de la enfermedad y la necesidad del paciente?”, se cuestiona la presidenta de CEAFA.
Por otro lado, en 2021 hubo 75.776.923 millones de euros del Ministerio de Derechos Sociales que se devolvieron a las arcas del Estado. Sobre este asunto, la presidenta de CEAFA subraya que es una cuantía que “permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas dependientes”. Y añade que “además, algunas comunidades autónomas ‘hicieron caja’ con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes”, señala Almagro.
En este contexto, la Confederación reclama que haya un organismo de control por parte de las Comunidades Autonómicas que defienda que el presupuesto que se destina a dependencia se invierta en lo que corresponde. “Mientras tanto, 396.787 personas están a la espera de un procedimiento y el tiempo de espera medio es de 421 días”, concluyen desde CEAFA.
