La pandemia ha truncado la débil recuperación de los servicios sociales que se venía constatando desde 2016, debido los recortes producidos por la crisis y a pesar de que en 2020 aumentó un 10% en gasto que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales realizaron en servicios sociales, tal y como refleja el Índice del Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC 2021) elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Y es que, pese al incremento del gasto algunos servicios sociales se han visto deteriorados o incluso han retrocedido. Es el caso de los servicios sociales básicos o comunitarios, la red de atención primaria del Sistema en barrios, pueblos y comarcas, que pasó de tener, de media, un profesional por cada 1.875 en 2020, a uno por cada 2.064 habitantes en 2021. 

Además, los servicios sociales para personas mayores, el colectivo más afectado por la pandemia, no mejoran en 2020. Las plazas residenciales se mantienen prácticamente igual (2,70%) que el año anterior (2,68%). El servicio de ayuda a domicilio, a pesar de un incremento de dos décimas en su cobertura (4,9% en 2019, a 5,1 en 2020), retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mensual (20,6 en 2019, 17,8 en 2020). También los centros de día se mantienen prácticamente igual (+0,01 puntos) y el servicio de teleasistencia se reduce dos décimas.

También retroceden o tienen incrementos muy débiles los acogimientos familiares a menores (-0,3), plazas residenciales para personas con discapacidad (+0,06), plazas diurnas y ocupacionales para personas con discapacidad (-0,1) y plazas de alojamiento para personas sin hogar (+0,5). Lo que nos lleva a plantear una reflexión sobre la eficiencia del Sistema, ya que, como se constata una y otra vez, que los incrementos económicos no son suficientes para mejorar la oferta de prestaciones o servicios, sino que deben ir acompañados de formas de gestión ágiles.

El IDEC 2021 indica que el gasto de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales en Servicios Sociales aumentó un 10%, pasando de una media de 406,3 euros por habitante (2019) a 446,9 euros en 2020. Este incremento supone, por un lado, un aumento de 28 décimas sobre el PIB (pasando del 1,6% en 2019 al 1,88% en 2020), pero, por otro, pierde significación en el presupuesto global de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, pasando de representar el 9,95% en 2019 al 7,78% en 2020.

La explicación está en lo excepcional de un año en el que la crisis sanitaria y social hizo incrementar el gasto de las Administraciones Públicas (por encima del 10% de incremento de su gasto en servicios sociales), mientras que la contracción del PIB por el impacto de la crisis, hizo que el gasto en servicios sociales tenga más significación.

Continúa la gran desigualdad de oportunidades entre territorios

Un año más, este Índice elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales constata las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia.

Y es que, sin considerar las Comunidades con un régimen foral, como el País Vasco, con 971,1 euros de gasto por habitante en servicios sociales, o Navarra (con 608,3 euros), existen diferencias tan importantes como Extremadura (540,4 euros) o La Rioja (512,7 euros), frente a Madrid (357,1 euros) o Murcia (317,4 euros).

El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas del País Vasco destinas a Servicios Sociales (3,19%) o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,11%. Las Administraciones Públicas de Asturias destinan el 9,72% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Murcia solo el 6,52%. 

Estas diferencias de gasto se manifiestan inevitablemente en la cobertura efectiva de prestaciones y servicios a la ciudadanía en los diferentes territorios; estos son dos ejemplos de estas diferencias tan grandes: En Navarra hay un profesional de los servicios sociales básicos por cada 739 habitantes, en la Comunidad de Madrid este número es 7,5 veces mayor, con un profesional por cada 5.515 habitantes. En Castilla-La Mancha hay 6 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años (5,96), mientras que en Canarias poco más de una (1,15%).