Un total de 23.837 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia en los últimos seis meses: 10.101 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 13.736 sin haber podido ejercer sus derechos, lo que supone que 131 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la Ley de Dependencia en España.
Según los últimos datos oficiales del Ministerio de Derechos Sociales, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son positivas registrando 46.754 solicitudes más, otras 36.748 valoraciones más, así como 34.792 personas más que son beneficiarias con derecho a prestación, y 33.019 personas más beneficiarias con prestación.
Sin embargo, desde la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales se recalca que el incremento en estos indicadores provoca que las listas de espera aumenten: hay 10.006 personas más pendientes de valorar y 1.773 personas más en el limbo de la dependencia. El incremento del número de solicitudes, ha sido del +287% si lo comparamos con el mismo periodo de 2021 y el 12 % con respeto a todo el año pasado. También sufren un aumento respecto del mismo periodo de 2021, pero mucho más contenido, las valoraciones (+17%) y las personas reconocidas con derecho (+5%).
Las Comunidades con mayor “limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (28,9%) y Canarias (23,8%); y las que menos Castilla y León (0,14%) y Galicia (5,2%). Canarias es la comunidad que más ha incrementado porcentualmente el número de personas beneficiarias en este semestre 3.115 (11,6%). Cantabria y País Vasco ni siquiera mantuvieron la tasa de reposición.
Las Comunidad Autónoma que más días tarda en resolver una prestación o servicio, desde que tiene entrada la solicitud es Canarias, y la que menos Castilla y León. El tiempo medio a nivel Nacional es de 378 días.
Un reforma de Ley necesaria y urgente
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales advierte que las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad e insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 236 euros (percibidas actualmente por 498.821 personas). Solamente 67.786 se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales (13,6 % del total de las personas cuidadoras).
Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de un servicio varían mucho en función del mismo, pero presentan importes insuficientes. La prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila en torno a los 442 €/mes (Grado II) y 551€/mes (Grado III). La diferencia entre esta cantidad y el precio realmente abonado por la persona en una residencia constituye un “segundo copago” o copago invisible.
La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,7h/mes, sólo unos minutos más que en diciembre de 2021, poco más de una hora diaria de servicio, lo que es insuficiente. La intensidad del este servicio para las personas reconocidas con Grado III es de 57,6h/mes, lo que es claramente escaso si comprendemos que son personas que necesitan apoyos de forma permanente. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.
