Un artículo de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP)

En estos días, leemos y escuchamos con preocupación los discursos que relacionan la subida de las pensiones con la situación precaria de otros sectores de la población. 

Desde la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España – UDP no vamos a entrar en el debate de las décimas sin saber todavía el comportamiento del IPC hasta noviembre. Saludamos que el Gobierno vaya a cumplir la ley y el acuerdo al que llegaron los agentes sociales, desoyendo las voces de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que quería que las pensiones entrasen en el pacto de rentas.

Desde UDP nos preguntamos, ¿qué finalidad persiguen? ¿Acaso se trata de polarizar y enfrentar a los sectores de población en situación vulnerable? Si fuera así, deberíamos preguntarnos ¿Por qué? 

Quizás, no poner el foco en el problema real: una tasa de paro de 12,48% (2.919.500,02 personas paradas) y aquellas personas que, a pesar de contar con un trabajo remunerado, viven una situación crítica.  Según el informe Entrar y salir de la pobreza laboral en España, realizado por el Observatorio Social de la Fundación la Caixa, España tiene una de las tasas de pobreza laboral más altas de Europa (afecta al 16% de los hogares), y va en aumento. Aunque se estima que la subida del salario mínimo y la reforma laboral mejorará las condiciones laborales, los jóvenes están sufriendo una mayor temporalidad laboral, quedando a menudo atrapados en empleos con bajos salarios, temporalidad en los puestos y alta inseguridad contractual.

Más si hablamos de la brecha de género salarial todavía existente, o el complicado acceso a la vida laboral de muchas personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables para los que apenas existen oportunidades. Sin apenas oportunidades profesionales, con cotizaciones más cortas e inestables, cuando les llegue la hora de jubilarse ¿obtendrán una pensión digna para vivir? La respuesta es no.

E inevitablemente si los jóvenes no tienen buenas oportunidades laborales tampoco podrán acceder a una vivienda. Y al respecto de las viviendas en propiedad, estamos viendo como aparecen discursos simplistas y muy mal intencionados en los que se dan a entender que las personas mayores sí tenemos mayor riqueza con respecto de las generaciones más jóvenes al tener una vivienda en propiedad, un bien que por sí mismo, no tiene por qué estar relacionado con gozar de un nivel de vida alto o con una gran capacidad adquisitiva, aunque su valor contable haya crecido en los últimos años. Esa vivienda la pagamos en su momento con créditos que pudimos amortizar gracias a sueldos mejores que los actuales. 

En estos tiempos de incertidumbre económica, entendemos que es fundamental que toda la sociedad, incluso nosotras, las personas ya jubiladas, reclamemos y apoyemos mejoras laborales, así como de conciliación entre la vida laboral y personal para que las generaciones más jóvenes coticen más y mejor a lo largo de toda su vida profesional, dado que el empleo precario supone, además, una importante pérdida en los ingresos de la Seguridad Social.

Es fundamental, pues de ello dependerá para que alcancen una pensión digna. Las pensiones se garantizan con más y mejores empleos, creciendo más y con un mejor reparto de los recursos generados por ese crecimiento. Los ingresos son determinantes para decidir qué tipo de sociedad queremos.

Una vez más, lo decimos: nuestras reivindicaciones no son aisladas y cuando defendemos la mejora de la calidad de vida de las personas pensionistas, no solo hablamos de las presentes. También de las futuras y por tanto nuestra defensa está encaminada a no dejar atrás las necesidades de las y los trabajadores.

Las personas mayores no somos ricas. Ni nuestro dinero se queda en un cajón. Tampoco somos un lastre económico y de gasto, pues la economía de las personas mayores retorna en su gran mayoría a la sociedad, a pesar de que muchos nos vean solo como un gasto. 

En este sentido, nuestra última encuesta sobre «Solidaridad Intrafamiliar de las personas mayores» del Barómetro MayoresUDP, muestra que en el año 2020 y a pesar de estar inmersos en la crisis sanitaria de la Covid-19, más de cuatro de cada diez personas mayores, el 42,2% de las personas encuestadas, ayudaron económicamente a algún hijo/a, familiar o amistad, en los últimos dos años. Una clara demostración de la enorme importancia del sostenimiento que las personas mayores, con sus pensiones, se ha consolidado como una estrategia clave para contribuir a solucionar la complicada situación económica de sus descendientes. Las personas mayores sostenemos a nuestras familias, aportamos y enriquecemos al país y lo mejor de todo, estamos dispuestas a seguir aportando.

Por otra parte, el número de pensionistas ya se eleva por encima de los 9 millones de personas, hasta los 9.015.737 a 1 de septiembre de 2022. De ellos, 4,6 millones son hombres y 4,4 millones, mujeres. La pensión principal es la de jubilación para 6,1 millones de personas y la de viudedad lo es para 1,6 millones. Pero, ¿qué ocurre con la mayoría de las pensiones? Qué están por debajo del actual Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.000 euros al mes. 

Al contrario de lo que nos hacen creer los agoreros de turno, las personas que cobran más de 3.000 euros son 70.000 pensionistas, un 0,7% del total. Mientras que el 60% de esas personas pensionistas, cobran menos de 1.000 euros al mes y representan casi seis millones de personas. 

A pesar de que la media nacional asciende en septiembre a 1.092,18 euros mensuales, hablamos de cuantías en su mayoría, muy inferiores al SMI: la pensión media del Régimen de Autónomos es de 836,7 euros/mes o la pensión media de viudedad en vigor en septiembre, es de 780,2 euros al mes.

Diferencias muy significativas encontramos también en las cuantías de la pensión media por comunidades autónomas: las personas pensionistas en Extremadura, Galicia, Murcia, Andalucía o Canarias tampoco alcanzan a ser mileuristas. Así mismo, la cuantía de la pensión mínima NO está equiparada al SMI. Si este es el salario mínimo para llevar una vida digna, también debería ser la percepción mínima necesaria para una vejez digna.

Por mucho que insistan, las pensiones no son un regalo político de nadie, son un derecho a todos los años cotizados y ese derecho, hay que garantizarlo para las futuras personas pensionistas y jubiladas.  Estas pensiones son un derecho ganado a lo largo de los años por el trabajo realizado. Acaso la Constitución Española no recoge en su artículo 50 que «Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.»

Desde UDP, como integrantes de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), defendemos una reforma constitucional que prohíba la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo, transformándolas en un derecho fundamental. Las pensiones son un pilar básico, intergeneracional.  Por ello, en la MERP confluimos cientos de organizaciones -de muy diversas ideologías, edades, sensibilidades políticas y credos religiosos- unidas en torno a un único punto: #BlindarLasPensiones en la Constitución.