Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) se considera necesario aumentar la actual dotación para Cuidados de Larga Duración, que se sitúa en el 0,9% del PIB, y aproximarse a la media de la Unión Europea, situada en un 1,5%, y al 2,5% de los países más ricos.
En un primer balance tras la aprobación del nuevo modelo de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Consejo Interterritorial en junio, la SEGG considera que «no se ha aprovechado la crisis del coronavirus para hacer un cambio real en el modelo de atención en las residencias». Según el presidente de la SEGG, José Augusto García Navarro, el balance tras dos años de pandemia es que «las comunidades autónomas han hecho movimientos nulos o casi nulos».
Teniendo en cuenta que la asistencia a la dependencia es una competencia de las comunidades autónomas, la valoración debe abordarse por comunidades autónomas. Cataluña, en el 2022 se ha creado una Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, pero el avance en el cambio de modelo residencial no se ha iniciado ni debatido. Además, esta a la cola de las CCAA en atención domiciliaria a la dependencia.
Andalucía no se ha sumado a los cambios acordados para las residencias, aunque sigue siendo líder en atención domiciliaria, pero aún muy lejos de los estándares óptimos europeos. La situación de esta comunidad autónoma debe valorarse teniendo en cuenta que es la comunidad más poblada y altas tasas de envejecimiento, pero no ha existido tampoco un cambio real en el modelo de atención residencial. Además es la única CCAA de España sin la especialidad de geriatría en sus hospitales, lo que discrimina claramente al anciano atendido por el servicio andaluz de salud.
Castilla y León, comunidad considerada líder en atención domiciliaria en entorno rural, además ha legislado a favor de un cambio radical de atención en las residencias, por ejemplo, con unidades de convivencia de hasta 15 personas y modelo de Atención Centrado en la Persona. Bajo esta ley, se prevé que no se autoricen nuevas residencias si no se acredita el cumplimiento de las nuevas normas.
En la Comunidad de Madrid tampoco se han experimentado cambios relevantes porque no se han producido cambios en la financiación ni en ratios de personal en las residencias. Sí hay que destacar como algo positivo desde los servicios de geriatría de los hospitales de la región se ha puesto en marcha un nuevo servicio de «geriatría de enlace«, como referencia para los médicos y otros profesionales clínicos que trabajan en las residencias.
Navarra, País Vasco y Extremadura son las tres comunidades con la mejor financiación. Esto permite que existan mejores condiciones en las residencias y, también, en las ratios de personal y salarios. Su gasto se acerca o sobrepasa ligeramente los 2.000 euros por dependiente y año, lo que supone un 60% más que la media estatal.
Para la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología todos estos datos reflejan la falta de equidad en nuestro sistema de Cuidados de Larga Duración, y considera necesario y urgente que se muestre la voluntad de acciones concretas por parte de las instituciones correspondientes para conseguir una mejora real en la ayuda a la atención y calidad de vida de los mayores que necesitan cuidados de larga duración, tan necesaria tal como ha quedado patente en la pandemia.
