A finales del año 2021 existían en España 397.443 plazas en residencias para personas mayores, lo que supone un incremento del 2% respecto al año anterior, según los publicados por IMSERSO. Pese a este aumento, el déficit de plazas residenciales en nuestro país sigue aumentando, como consecuencia del incremento de personas mayores de 65 años, tal y como advierte desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
Los datos del IMSERSO confirman el crecimiento del sector de las residencias para personas mayores en 2021, tras el estancamiento registrado el año anterior como consecuencia del impacto del Covid19 en estos centros de personas mayores. Y es que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración.
Plazas residenciales por Comunidades Autónomas
De hecho, a pesar del incremento de plazas en residencias para personas mayores, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales advierte que cada día es mayor déficit de plazas residenciales año a año: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350. Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 35.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Grandes Dependientes (Grado III).
Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Diciembre 2022. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas, de las cuales, aplicando también los porcentajes actuales de personas atendidas, una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio. De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.
Por Comunidades Autónomas, las que presentan un con mayor déficit de plazas en residencias para personas mayores son Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475 y 23.485 respectivamente. Por contra, en cinco Comunidades sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.503.
El porcentaje de plazas de financiación pública se estanca
El 62,7% de las plazas en residencias de personas mayores son de financiación pública. Ello incluye plazas en centros públicos, plazas concertadas en centros privados, y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio. El porcentaje de plazas de financiación pública ha ido aumentado ligeramente, pero se ha estancado en los tres últimos años, en 2,63 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.
Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunitat Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%).
Por otra parte, desde la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales se denuncia que la ratio que se utiliza para estimar la necesidad de plazas residenciales, tomando como referencia la población mayor de 65 años (5%) resulta a todas luces inadecuada en la sociedad actual.
Y es que la media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años, en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas desean, cada vez más, permanecer en su propia casa el mayor tiempo posible.
Por ello, esta Asociación solicita al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector.
