Existen “diferencias abismales” en España respecto a la percepción de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVEs), y estas ayudas deberían abonarse con arreglo a los ingresos reales de las personas, acabando con una única PVE y adaptarla a las necesidades de cada usuario.

Estas son algunas de las principales conclusiones de un estudio realizado en Castilla y León presentado en la II Cumbre del Baby Boom, celebrada recientemente en Barcelona. En el marco de este encuentro, Diego Juez, presidente de Acalerte, la Federación Castellano Leonesa de Atención a la Dependencia, advirtió que, respecto a alas Prestaciones Vinculadas al Servicio, “es necesario que se corrijan esas disparidades”, ya que “no es justo que una persona perciba una cuantía muy superior a otra en función de dónde resida”.

Para el presidente de Acalerte, apostar por las Prestaciones Vinculadas al Servicio, que abren la puerta a elegir el servicio que mejor se adapte a las necesidades de las personas permitiría, además, recortar las abultadas listas de espera que se producen en el país.

Y es que esas diferencias llegan a alcanzar los 653 euros mensuales por Prestaciones Vinculadas al Servicio en el caso de una persona con grado I de Dependencia, los 784 euros para el grado II y los 1.094 euros para los casos de Grado III, señaló Diego Juez.

En los extremos se sitúan Cantabria, la Comunidad que menos cuantía destina a las PVEs, y Navarra, la autonomía que más aporta. Frente a los 153 euros al mes (Grado I), los 268,79 euros (Grado II) y los 387,64 euros (Grado III) que recibe un cántabro en situación de Dependencia como ayuda para adquirir un servicio de atención, se sitúan los 806,58 euros, los 1.053,43 euros y los 1.482,37 euros que recibe una persona en la Comunidad de Navarra para el mismo fin en función de cuál sea su grado de Dependencia.

Tras Navarra se sitúa Castilla-La Mancha. El Gobierno de esta Comunidad bonifica la prestación vinculada al servicio con 500 euros al mes para personas con Grado I, 800 euros mensuales para personas con Grado II y 1.400 euros para personas con Grado III de dependencia.

Castilla y León se posiciona como la tercera Comunidad de España que mejor respuesta ofrece a una persona que necesita adquirir un servicio de atención. De esta forma, la Consejería de Familia bonifica con 405 euros al mes (Grado I) 788,32 euros mensuales (Grado II) y 965,34 euros (Grado III).

Se trata de unas cifras sensiblemente superiores a las establecidas en el marco nacional. De hecho, a los dependientes de grado I y III a los que les corresponde la cuantía máxima de la prestación vinculada o de asistencia personal perciben en Castilla y León el 35% más de lo que establece el Gobierno de España que debería abonarse como mínimo (300 y 715,07 euros, respectivamente), mientras que las asignadas para el grado II son el 85% mayores que las estatales (426,12 euros).

Se salen de esa norma nacional también Aragón, la Diputación Foral de Guipúzcoa, en los grados II y III, así como la Diputación Foral de Vizcaya para las personas dependientes de grado III.

Durante la II Cumbre del Baby Boom también se expuso que España necesita instaurar un procedimiento exprés para responder de forma urgente a todas esas personas en extrema vulnerabilidad que de un día para otro se convierten en personas dependientes. “Ellas no pueden esperar a que la maquinaria de la Dependencia eche a andar. Necesitan una respuesta urgente”, concluyó el presidente de Acalerte, que agrupa a 250 empresas del sector de la atención de personas mayores tanto residencial como de centro de día, multiservicios, teleasistencia, y atención a la Dependencia de la región.