Los ministerios de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Sanidad, de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos han suscrito un acuerdo para fomentar el papel de la farmacia comunitaria rural que contemple un amplio abanico de medidas sociales y sanitarias.
La mejora de las condiciones de vida de las personas que viven en poblaciones rurales y despobladas es una prioridad a llevar a cabo en el marco de este protocolo de colaboración, que tiene como protagonista a la farmacia comunitaria, especialmente de personas mayores y personas vulnerables.
Esta medida trata de contribuir a mejorar la atención sociosanitaria en el medio rural y a la viabilidad económica de las farmacias a través del impulso de un modelo renovado e integral de asistencia sociosanitaria en estas zonas.
En este sentido, se pondrá en marcha el “Programa de Farmacia Comunitaria Rural”, centrado en fomentar el papel de la farmacia comunitaria rural, que tiene entre otros objetivos:
- Mejorar la atención sanitaria, social y asistencial en condiciones de equidad de todo tipo de personas que viven en áreas rurales y en despoblación, particularmente a los colectivos sociales más vulnerables, mejorando su salud, participación y apoyo social y su calidad de vida.
- Atender a la población mayor de las áreas rurales con respuestas adaptadas a sus condiciones sociales y demográficas, facilitando su autonomía y la accesibilidad.
- Garantizar la igualdad de trato, la inclusión y la diversidad sin brechas en el territorio.
- Promover la digitalización de las farmacias rurales para contribuir a una sanidad digital e interconectada y contribuirá al mantenimiento del empleo.
Este Programa se articulará a través de diferentes actuaciones de la farmacia centradas en siete áreas
- Acciones tendentes a garantizar el acceso a los medicamentos y productos sanitarios y de salud en condiciones de igualdad efectiva y con la debida suficiencia en el abastecimiento. Para ello, entre otros se trabajará en acciones relacionadas con la optimización en el acceso a los medicamentos, productos sanitarios y de salud, así como el desarrollo de servicios asistenciales desde las farmacias entre los que se encuentran la adherencia y seguimiento de tratamientos a enfermos crónicos, los sistemas personalizados de dosificación, etc..
- Promover el establecimiento de mecanismos por las administraciones competentes para la participación de la red de farmacias integradas el medio rural en la asistencia farmacéutica de los centros sociosanitarios de la zona. Además, se pondrán en marcha iniciativas de mejora de la Salud Pública incorporando para ello a la Farmacia Comunitaria en programas y actividades relacionados con la promoción de hábitos saludables, prevención de enfermedades, higiene alimentaria, sanidad ambiental y epidemiológica, entre otras.
- Aprovechar la relación de la Farmacia Comunitaria con los núcleos a los que asiste y la confianza que genera, para impulsar su colaboración en acciones del ámbito social, imprescindibles en zonas frágiles, despobladas o deprimidas.
- Impulsar acciones contra la soledad, así como a favorecer la información sobre recursos y servicios sociales para reducir los niveles de soledad y de aislamiento social en el ámbito rural.
- Reforzar de la coordinación y detección temprana ante situaciones de vulnerabilidad de personas con discapacidad en especial con dependencia, personas con Alzheimer u otras demencias.
- Aprovechar el activo tecnológico de las farmacias potenciando su grado de digitalización para desplegar canales digitales y plataformas que posibiliten una atención cercana y personalizada, en un entorno digital y en igualdad de condiciones para los pacientes.
- Realización de una experiencia piloto que documentará todo lo realizado con el fin de sacar conclusiones y buenas prácticas para su generalización en todo el territorio nacional.
La firma de este protocolo constituye un hito en la creación de alianzas multiactor, en este caso, entre entidades gubernamentales de la Administración General del Estado y una corporación de derecho público que avancen en prevención de la soledad no deseada y de la mejora de mecanismos de coordinación ante vulnerabilidad de personas con dependencia, Alzheimer y otras demencias.
Durante la presentación de este Plan, la vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, destacó que “una oficina de farmacia es mucho más que un despacho de venta de medicamentos, es una referencia fundamental para una población crecientemente envejecida”. La vicepresidenta del Gobierno ha señalado que “la asistencia que se puede prestar desde las farmacias es capital”. “La persona titular de la farmacia conoce a todos los vecinos y hace una labor de vigilancia, de faro, de todos los pacientes, gracias a su vocación de servicio público”, recalcó.
Por su parte, Carolina Darias, ministra de Sanidad, afirmó que con este acuerdo se da “un paso más, un paso muy importante en la mejora de la atención sanitaria en este país”. “El medio rural cuenta con casi una cuarta parte de las oficinas de farmacia de este país dando cobertura a ocho millones de personas. Creo firmemente en la labor asistencial de las farmacias que prestan al Sistema Nacional y a los pacientes (…) El convenio de hoy va a permitir mejorar la asistencia sanitaria y social y la prestación de servicios farmacéuticos asistenciales”, señaló Darias.
El presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Jesús Aguilar, calificó este protocolo como “un paso muy importante para avanzar en el futuro modelo de atención sociosanitaria de las personas que residen en el mundo rural y, también, para la red española de farmacias”.
Para Jesús Aguilar, este acuerdo “debe ser el primer paso del que esperamos sea un largo camino para, entre todos, dotar de futuro a la España rural y garantizar la viabilidad económica de las farmacias en estos municipios, desde el impulso a la innovación –desde el liderazgo tecnológico que tenemos como red conectada y capilar– y siempre prestando con una atención cercana y personalizada. Una red sanitaria de conocimiento, aliada fundamental por su arraigo territorial, que además hemos visto que contribuye a frenar la pérdida de población, y a generar empleo e impacto económico positivo”.