El Tribunal Supremo estima que el nuevo título de Formación Profesional de “Supervisión de la atención sociosanitaria para la promoción de la autonomía personal” invade competencias propias de las enfermeras, estimando así parcialmente los recursos presentados por la Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería (CGE) y el Sindicato de Enfermería, SATSE.
En su resolución, el Alto Tribunal anula competencias atribuidas a esta nueva figura de atención sociosanitaria “no sanitaria” creada para supervisar el trabajo de profesionales sanitarios, como las enfermeras -y del personal auxiliar-, en relación al seguimiento de las actuaciones de emergencia, las pautas farmacológicas, alimentación, oxigenoterapia o ventilación mecánica, entre otras mucha actuaciones o procedimientos.
El sindicato SATSE y el Consejo General de Enfermería incidían en sus recursos en la inseguridad clínica derivada del hecho de que la supervisión clínica que le corresponde a médicos y enfermeras esté en manos de una persona sin los conocimientos técnicos precisos que sí tiene el personal supuestamente supervisado.
En concreto, en su sentencia, el Tribunal Supremo recalca que la Unidad de Competencia 1 -concretamente los puntos CR1.3, CR1.4 y CR1.5- hace alusión a “la supervisión de actuaciones típicamente sanitarias” lo que “se deduce de la mera lectura de esos criterios” y que “pese a no implicar asistencia directa a pacientes o usuarios de los servicios sociosanitarios dicha supervisión es susceptible de incidir en la labor profesional de enfermeros y otros profesionales sanitarios”.
Por otra parte, los magistrados señalan que la Secretaría de Estado de Formación Profesional nunca llevó a cabo un estudio que respaldara la necesidad de crear un nuevo título de supervisión en la atención sociosanitaria, pues “ese estudio previo nunca existió (..) lo que no es, desde luego, un signo de seriedad”. La inexistencia de ese estudio previo -dice la sentencia- “impide saber por qué razón se han incluido unos cometidos que, a primera vista, entra en conflicto con los cometidos profesionales de la Enfermería”.
La Mesa de la Profesión Enfermera cree pertinente haber hecho una consulta previa en este asunto a las organizaciones profesionales -tanto al Sindicato de Enfermería, SATSE, como al Consejo General de Enfermería- por su representatividad en la defensa de los intereses profesionales de la profesión enfermera.
En todo caso, se congratula de que con esta actuación conjunta y coordinada con algunos colegios provinciales de enfermería «se haya podido defender de manera satisfactoria las competencias y funciones de las enfermeras«.
La Mesa de la Profesión Enfermera siempre ha considerado esta figura es innecesaria y genera conflicto dentro del sector sociosanitario, dado que podía suponer claros riesgos en la seguridad asistencial de los cerca de 400.000 mayores que viven en residencias y que son el colectivo social más vulnerable.
Así, recuerda que carece de sentido impulsar la creación de una figura no sanitaria de Formación Profesional para vigilar y tutelar a unos profesionales sanitarios que, tras cursar cuatro años de estudios universitarios de Grado o seis en el caso de tener la especialidad de Enfermería Geriátrica, están perfectamente cualificados para acometer sus funciones en las residencias de mayores sin necesidad alguna de que su labor profesional haya de ser coordinada, supervisada o tutelada por
un profesional de inferior cualificación.
A juicio del CGE y SATSE, la solución ante el problema de la atención a mayores y dependientes, pasa por el incremento y mejora de recursos y profesionales que, como es el caso de las enfermeras y enfermeros, ya existen y están perfectamente cualificados y capacitados para realizar las labores de asistencia, coordinación y supervisión de los cuidados necesarios.
