La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) exige al gobierno de la Comunidad Valenciana que elimine el decreto de tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales por la “falta de seguridad jurídica” que supone la aprobación de esta norma.
Esta patronal sigue defendiendo la necesidad de un Pacto de Estado en políticas de cuidados, que responda a las necesidades del colectivo de las personas mayores, cada vez más creciente. A su juicio, cualquier normativa debe ser aprobada con una memoria técnica favorable que soporte la financiación adecuada, para garantizar su viabilidad.
A este respecto, la presidenta de AESTE, Natalia Roldán, afirma que, para la aprobación de esta norma “no se ha realizado ningún informe sobre la situación actual del sector, ni de las posibles consecuencias económicas para los usuarios”. Critica, además, que “a pesar de que AESTE es uno de los agentes fundamentales en este ámbito, desde las instituciones no se han puesto en contacto con nosotros para conocer nuestra opinión, ni evaluar los efectos de la aplicación de esta norma en los centros y en los usuarios”.
Este nuevo decreto desarrolla los principios de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad Valenciana, con la pretensión de consolidar un modelo distinto al actual, por lo que se derogan hasta 15 normas hasta ahora vigentes. Entre otras novedades, recoge que se implementen nuevos modelos de convivencia y un número máximo de plazas, más reducido que el actual.
Según la Administración, la aplicación de esta nueva normativa supondrá un nuevo estándar de calidad, no obstante, el alcance del mismo debe venir acompañado por su viabilidad económica y técnica, advierten desde AESTE.
Por otra parte, tal y como afirma esta patronal, “estas medidas no significan necesariamente un aumento de la calidad de los servicios” y supone un aumento considerable de costes y una desprotección frente a un problema fundamental: la falta de plazas en la región.
“Se deben de proteger todas las que hay actualmente y trabajar por aumentarlas”, destaca Natalia Roldán, añadiendo que “sin la financiación adecuada, los costes añadidos a esta nueva normativa recaerán sobre los usuarios, generando mayor presión para la economía de las familias, que es lo último que ahora necesitan”.
Desde AESTE advierten que esta decisión de la Comunidad Valenciana dará lugar, además, a un marco de inseguridad jurídica, puesto que no queda bien definido el periodo de adaptación de los centros ya existentes o del marco jurídico al que deberán someterse aquellos centros cuya adaptación no sea posible, lo que a su vez generará además una gran incertidumbre para el abordaje de proyectos, ya sea en el ámbito residencial o domiciliario.
Otra de las cuestiones que aborda el decreto es la actualización de las ratios de personal, así como la incorporación de nuevas figuras profesionales, lo que sin duda para la Administración se traducirá en un aumento del empleo en la Comunidad Valenciana.
Más allá de la exigencia de nuevos perfiles, AESTE advierte que el sector no cuenta con los profesionales suficientes para abordar la situación actual, ni la futura. Por ello se “debería también plantearse la urgencia, no sólo de exigir mayor ratio de profesionales sino de proveer al mercado de los profesionales necesarios a través de la agilización de los procesos”, recuerda Natalia Roldán. Para la patronal, también es primordial el aumento de la calidad de los servicios y la mejora continua, pero de una forma sostenible, y no a costa de todo el sector.
“En definitiva”, añade Natalia Roldán, “es necesario que se llegue a un acuerdo firme, que garantice la calidad necesaria en los cuidados, que tenga financiación asegurada, visión a largo plazo y que ponga en valor a los profesionales del sector de los cuidados”.
