La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED) ha mostrado su satisfacción con la aprobación por parte del Consejo Territorial del SAAD, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, del reparto de 783 millones de euros para financiar el nivel de dependencia acordado entre el Gobierno y el sector.

La FED también se congratula del cambio de criterio para asignar los 200 millones de euros del fondo del acuerdo de acreditación entre las CC.AA. que prima la eficacia en la gestión de los servicios a los dependientes por encima de cualquier otra consideración y el número de personas atendidas con servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o residencia), como lleva tiempo reclamando la patronal.

La cuantía de 783.197.429 millones de euros supone un incremento de 300 millones más que el año pasado en dos partidas:

• La primera partida, de 583 millones, se repartirá conservando en esencia la estructura de criterios de distribución del nivel acordado pactada en el año 2022, es decir, según los criterios de cumplimiento del Plan de Choque, pero con 100 millones de euros más que el año pasado.

• La segunda partida, de 200 millones, tiene como objetivo el apoyo al despliegue del Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de los Centros y Servicios del SAAD que en un principio solo iba a ir destinada a las CC.AA. que habían suscrito el modelo de acreditación promovido por el Gobierno, que se aprobó por la mínima y sin consenso social, sin contar con la necesaria memoria económica que analizara la viabilidad y sostenibilidad del sistema.

Tras la petición de FED, en este segundo caos, el criterio que primará a la hora de repartir esos fondos será el de la eficacia en la gestión de los servicios a los dependientes por encima de cualquier otra consideración según el número de personas atendidas con servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día o residencia).

Tal y como señala Ignacio Fernández Cid, presidente de la FED, » llevamos mucho tiempo explicándole a la Administración que se debería favorecer a aquellas comunidades autónomas que hacen bien sus deberes para que el principal protagonista de todo esto, que es el dependiente, reciba los servicios o las prestaciones a las que tenga derecho y no se quede en el limbo, perdido en la burocracia de la Administración Pública de turno».

«Sin duda consideramos una muy buena noticia este cambio de criterio, que se ha conseguido gracias a la resistencia de comunidades autónomas como Galicia, Murcia y Madrid que no han cedido en sus planteamientos por obtener presupuesto y han mantenido su negativa al acuerdo de acreditación. Este cambio de rumbo nos parece un paso hacia la sensatez y estamos convencidos que va a ayudar en gran medida a la mejora continua del sector, que es lo que todos buscamos».

El sistema general de ayuda a la Dependencia es insuficiente

Pese al reparto de 300 millones de euros más respecto al año pasado, desde FED indican que el sistema general de ayuda a la Dependencia es insuficiente: «Todo lo que sea dotar de más medios al sistema de ayuda a la Dependencia es obviamente una buena noticia, pero consideramos que la aportación pública sigue siendo insuficiente«, denuncia el presidente de la FED.

«Hay claramente una infravaloración de la aportación a la Ley de la Dependencia. Con los datos que tenemos con respecto a 2022, estaríamos hablando de un 0,8% del PIB, cuando ya hemos comentado en otras ocasiones que, en los países de nuestro entorno, a los cuales nos queremos parecer, esta cifra está entre el 2 y el 2,5% de su Producto Interior Bruto», indica Ignacio Fernández Cid.

Además, desde la FED alertan del peligro para el sector que implica que las medidas de desinstitucionalización promovidas por el Gobierno se hayan realizado sin ninguna valoración económica. Es que para Fernández Cid, «para ‘desinstitucionalizar’ a una persona de manera adecuada, el sistema de cuidados debería contar con los recursos necesarios con los que no se cuenta actualmente. Creemos que no se ha calibrado bien lo que significa económicamente para una familia, de manera privada, tener que contratar a cuatro personas para cubrir los tres turnos y un cuarto para cubrir vacaciones o bajas».

«Y, además, también surge una gran incertidumbre de cómo se va a controlar la calidad de la atención que reciben los mayores en su hogar, por ello rogamos al Gobierno que vuelva a abrir una mesa de dialogo para buscar alternativas realistas que aseguren el bienestar de los dependientes», concluye el presidente de la FED.