Un artículo de AESTE (Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia)

El número de personas trabajadoras en el sistema de cuidados en España ha aumentado paulatinamente en la última década, pasando de 273.150 en 2008 a 452.026 en 2021, de los cuales 283.694 son empleos directos. Si nos fijamos exclusivamente en el sector de los servicios residenciales, 390.000 mayores viven en residencias en España y son 180.000 las personas que trabajan en esos centros, lo que representa un 1,7% de la población ocupada.

A pesar de este aumento de profesionales en el sector, en España siguen existiendo problemas estructurales relacionados con la escasez de profesionales en este sector. El propio IMSERSO se ha pronunciado sobre esta falta de profesionales y ha estimado que para 2040 serán necesarios alrededor de 300.000 trabajadores más en el sector de los cuidados.

España se ha convertido en uno de los países más longevos del mundo. La población mayor de 65 años ha aumentado de forma exponencial y hoy se sitúa en más de 9.400.000 personas, lo que representa una quinta parte de la población total española, es decir, un 20%, datos también del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esto implica que también aumente considerablemente el número de personas en situación de dependencia y, por ello, una mayor demanda de profesionales especializados en el cuidado de los mayores.

Desde el sector se ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que uno de los grandes problemas que tiene es la falta de profesionales, una escasez que va en aumento debido a la última regulación, el conocido como “Acuerdo Belarra”, que actualiza las ratios de personal de atención directa de primer nivel (cuidadores, auxiliares y gerocultoras) en residencias para personas mayores, que será de 0,43 en 2029. Actualmente, esta ratio de atención directa de primer nivel se sitúa entre 0,15 y 0,28 (Datos de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, SEGG, 2020).

Por otro lado, también se actualizan las ratios para todo el personal de atención directa de segundo nivel. Se trata del personal más cualificado. Actualmente, la falta de enfermeras es acuciante, así como de médicos, pero también hacen falta más terapeutas ocupacionales, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas y rehabilitadoras. En este caso, la reforma establece una ratio de 0,51 en el caso de residencias para personas mayores, y 0,58 en el caso de residencias de personas con discapacidad. En la actualidad, esta ratio se sitúa entre 0,29 y 0,39 trabajadores por persona usuaria (SEGG, 2020).

Pese a estas mejoras de aumento de personal, el cronograma de implementación de los cambios en las ratios crea limitaciones en el número de trabajadores en el corto y el medio plazo, lo que podría cronificar los problemas del sector en materia de personal (especialmente en las residencias para personas mayores).

La demanda de formación especializada en la atención sociosanitaria de personas mayores dependientes ha crecido un 23% en el último trimestre. Según los últimos datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), un total de 68.252 personas son cuidadores no profesionales en España, de los cuales el 88,6% son mujeres y el 11,4% son hombres.

Conseguir los profesionales adecuados para poder cumplir las ratios y que cuenten además con la formación y la habilitación precisa para desempeñar estos trabajos es una necesidad que ya está sobre la mesa, y sobre la que deben dar solución las administraciones y empresas para no poner en riesgo la sostenibilidad del sector.

Parece lógico que este aumento de profesionales suponga un incremento de costes en el sector de los cuidados, lo que a su vez conllevará un aumento en los precios de los servicios. El sector de los cuidados a mayores considera imprescindible que todos los agentes implicados sean conscientes de la repercusión económica que implican estas medidas y que asuman el coste.

Será necesaria una mayor dotación presupuestaria por parte de las administraciones públicas para afrontar este reto de los cuidados a las personas mayores y dependientes, para financiar debidamente la dependencia en España y que sea sostenible.

Pero el reto de satisfacer la demanda de la sociedad de profesionales del sector de los cuidados no sólo necesita de una dotación presupuestaria adecuada. Como señala Josune Méndez, secretaria general de AESTE, “se apuesta por abordar el problema de una manera transversal, implicando a educación, a trabajo o a políticas migratorias. Se trata de buscar diferentes fórmulas y soluciones para conseguirlo, como la creación de Grados Específicos para la formación de profesionales y agilizando la homologación de títulos a los profesionales extranjeros. Es importante que se implementen también iniciativas que permitan dotar de mayor reconocimiento social al sector de los cuidados, que tanto demanda la sociedad como servicio esencial”.