El “Observatorio Social de las personas mayores 2023 para un envejecimiento activo” analiza el impacto de la última reforma de pensiones sobre la revalorización de pensiones, así como la brecha que hay en las pensiones entre mujeres y hombres y otros asuntos de importancia para las personas mayores, como el funcionamiento del Sistema de Atención a la Dependencia o el Sistema Nacional de Salud, la soledad no deseada o la salud mental.

El “Observatorio Social de las personas mayores 2023 para un envejecimiento activo” es un estudio que se viene realizando desde hace varios años por la Fundación 1º de Mayo en colaboración con la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, cuyo objetivo es examinar las condiciones de vida y los recursos destinados a las personas mayores, a partir de diversos indicadores y fuentes de información.

En esta ocasión, este trabajo realiza un riguroso análisis del impacto de las reformas pactadas en estos últimos años y aborda la revalorización de las pensiones. Como afirmó durante la presentación de este informe Carlos Bravo, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, “ante el anuncio sobre la revalorización de las pensiones para el año 2024 vemos la importancia de los acuerdos de 2021”, porque de haberse mantenido vigente el factor de sostenibilidad de la reforma de 2013 “hubiera supuesto una merma notable de recursos de ingresos para la población pensionista”.

Así, el estudio asegura que el impacto medio, solo en el año 2023 es de 93 euros por paga. Es decir, la diferencia entre haber aplicado la fórmula de revalorización de 2013 (0,25%) o la fórmula de revalorización con el IPC promedio del año anterior que acordamos en 2021 refleja una cuantía de más de 100 euros mensuales o 1.200 euros anuales.

Como señala Bravo, “se han puesto los mimbres para sostener las pensiones de manera suficiente y de forma sostenible al Sistema de Seguridad Social, reforzando de forma clara la estructura de ingresos” pese a ello señala que no se ha avanzado lo suficiente en materia de dependencia o en materia sanitaria “donde pedimos al Gobierno recientemente constituido que haga un esfuerzo presupuestario notable y aborde una estructura fiscal en España para garantizar las necesidades presupuestarias en materia sanitaria y de Seguridad Social”.

Soledad no deseada, desigualdades, nuevas tecnologías y maltrato

La presentación del “Observatorio Social de las personas mayores 2023 para un envejecimiento activo” corrió a cargo del secretario general de la Federación estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Juan Sepúlveda, y de Alicia Martínez, investigadora de la Fundación 1º de Mayo.

Elaborada desde la perspectiva de género, esta investigación se estructura en cuatro bloques:

• Seguridad Social
• Servicios Sociales, con especial incidencia en la atención a la dependencia
• Sanidad
• Condiciones de vida

Alicia Martínez valoró este último y nuevo bloque en que, entre otras cuestiones, se analiza la soledad no deseada, señalando «que es un fenómeno que estudiamos de manera cada vez más clara», el uso de las nuevas tecnologías o las situaciones de maltrato que padecen las personas mayores «que desgraciadamente están muy silenciadas en el ámbito de de la sociedad».

Como señaló la investigadora de la Fundación 1º de Mayo, este estudio pretende mostrar la evolución del Estado de Bienestar en España utilizando las fuentes estadísticas oficiales de la Seguridad Social, IMSERSO y Ministerio de Sanidad para los Sistemas Públicos de Protección Social, mientras que para otros aspectos relacionados con las condiciones de vida, como es el caso de la soledad no deseada, la salud mental, el uso de las nuevas tecnologías o el maltrato hacia las personas mayores, las fuentes oficiales son muy dispares.

Entre los datos obtenidos se puede apreciar que la prolongación de las expectativas de vida tienen que ver con evidentes avances en las condiciones de vida y de trabajo, como mejor atención sanitaria o alimentación, “mejoras a nivel global que esconden desigualdades que no se pueden obviar” así como la constatación de que la esperanza de vida a los 65 años es mayor entre las mujeres que entre los hombres, aunque esa disparidad se está estrechando en las últimas décadas.

Además, las mujeres mayores son las herederas de una trayectoria vital marcada por la desigualdad en las vidas laborales pero también en la asunción desigual de las responsabilidades familiares, por lo que se refleja en el acceso a las pensiones y en una mayor necesidad de determinados servicios y recursos públicos.

Por otro lado, la esperanza de vida no es igual en todo el territorio ya que las desigualdades productivas provocan que en los territorios más ricos la esperanza de vida sea entorno a los dos años y medio mayor que en los territorios más pobres y esta diferencia es mucho más clara en el caso de las mujeres, alcanzando los 5 años si se integra también a las ciudades autónomas. Esta situación está provocada por las tasas de pobreza y la inversión en políticas sociales de los diferentes territorios.

Respecto al uso de las nuevas tecnologías, el informe señala que la población de menos de 75 años tiene un uso muy generalizado, para comunicación, información, entretenimiento o incluso salud, pero a partir de los 75 años el uso cae drásticamente. “Esto tiene que ver con la carencia de formación en destrezas tecnológicas, el idioma, el lenguaje informático, la desconfianza o incluso las limitaciones físicas que se tienen a la hora de utilizar los dispositivos electrónicos”. Además, su utilización de forma masiva supone un riesgo: la reducción de interacciones cara a cara, que influye en la soledad no deseada e incluso en la salud mental.

En su intervención, Sepúlveda se refirió a las condiciones de vida de las personas mayores haciendo hincapié en la importancia de la atención primaria para la prevención de muchas patologías así como la accesibilidad para evitar el aislamiento, la soledad, apelando a las administraciones públicas a realizar inversiones suficientes para poder detectar y solucionar estos problemas.

Por último, respecto al tema del maltrato señaló que “que sabemos que existe pero no somos capaces de contabilizarlo” e hizo referencia a un estudio que afirma que el 64% del personal de las instituciones públicas reconoció de alguna forma el maltrato durante el ejercicio de su profesión a personas mayores. Esto avala que el maltrato se produce en el ámbito domiciliario pero también en instituciones públicas y fundamentalmente se centra en las mujeres, que tradicionalmente lo ven como algo normal, y ha incidido en que “debe erradicarse cuanto antes”.

Las personas interesadas pueden consultar y descargar aquí el informe «Observatorio Social de las Personas Mayores 2023 para un envejecimiento activo», elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, en colaboración con la Fundación 1º de Mayo y la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO.