Con el objetivo de abordar la discriminación a la que enfrentan las enfermeras, y la posibilidad de establecer un grupo A unificado, el Consejo General de Enfermería y el Ministerio de Sanidad han iniciado un análisis conjunto.
Esta línea de colaboración se ha iniciado con una reunión entre la ministra de Sanidad, Mónica García, el presidente del Consejo General de Enfermería (CGE), Florentino Pérez Raya, y parte de la Comisión Ejecutiva, en la que se abordaron los desafíos y demandas de la profesión enfermera, la más numerosa del sector sanitario España, conscientes de la necesidad de adaptar el Sistema Sanitario a una población cada vez más envejecida y afectada por patologías crónicas.
Ambas partes han acordado una colaboración más estrecha y constante para redefinir el sistema de salud, priorizando la modificación de leyes y normativas que limitan el pleno desarrollo de las 330.000 enfermeras y enfermeros españoles. Entre ellas, se destaca la importancia de superar barreras legales, como la Ley del Medicamento o la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), que actualmente obstaculizan su capacidad para ofrecer el máximo potencial al servicio del paciente.
Se trata, tal y como afirma Florentino Raya, “de leyes obsoletas, que incluso hablan de diplomados en Enfermería, y es preciso abordar su modificación, no sólo con este ministerio y este Gobierno, sino con todos los partidos políticos. La ministra está convencida de que es preciso estudiar la reclasificación de los profesionales”.
En este sentido, el presidente del Consejo General de Enfermería, señala que «para nosotros es evidente que todas las profesiones con el mismo nivel de formación y responsabilidad tienen que estar en el mismo grupo a los ojos de la Administración, todas en el grupo A, sin distinción. Los matices vendrán después, en temas retributivos, por ejemplo. Pero lo que no puede ocurrir es que nos lleguen compañeros y compañeras de cualquier provincia de este país que están en cargos de gestión y los están poniendo en la calle precisamente porque los tribunales se remiten a estas leyes, con más de dos décadas a sus espaldas, que los políticos hasta ahora no se han atrevido a modificar”.
Respecto a la prescripción enfermera, o indicación de medicamentos y productos sanitarios, Pérez Raya sostiene que “contamos con siete guías sobre fármacos que prescriben las enfermeras en ámbitos como diabetes, hipertensión o heridas y no podemos concebir que muchas comunidades autónomas. no las hayan implementado entre sus enfermeras o sólo lo hayan hecho con alguna de ellas”.
Además, desde el CGE se recalca la necesidad de poner fin a la paralización de las especialidades de Enfermería, explorando alternativas más acordes con las demandas actuales, como los diplomas de acreditación y acreditación avanzada en áreas específicas que requieren competencia avanzada.
En cuanto a la escasez de profesionales de Enfermería, un problema complejo que involucra a varios ministerios, desde el Ministerio se reconoce la necesidad de una inversión significativa en plantillas para equipararse a la media europea, una meta que implica la coordinación de distintas áreas gubernamentales como Hacienda y Economía.
“La sanidad y los enfermos es lo primero que debe atender un Gobierno y si hace falta cambiar partidas presupuestarias de cuestiones menores deberá hacerse. Con la salud de los ciudadanos no se juega”, concluye Pérez Raya.
