Desde la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) se cuestiona el retraso de la edad de jubilación a los 66 años y seis meses, que entró en vigor este mes de enero, y la elevada tasa de paro entre los mayores de 50 años.

Además, CEOMA insiste en la necesidad de que la jubilación sea flexible, especialmente en determinados sectores que conlleven duras condiciones de trabajo, para los que pide un régimen propio. En este sentido, la presidenta de CEOMA, Sabina Camacho, reclama que «se suprima definitivamente» la obligatoriedad de jubilarse a una edad fija y que esa edad «sea solo la fecha en la que se podrá recibir el 100% de la pensión que le corresponda siempre que se cumplan las demás condiciones del sistema«.

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CEOMA reclama que se elimine definitivamente la obligatoriedad de jubilarse a una edad fija

La presidenta de CEOMA también recuerda que, en la actualidad, los mayores de 50 años representen el 30,2% del total de demandantes de empleo, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el INE. En este sentido, advierte la necesidad de que «se integre a estas personas en la vida laboral para poder llegar a la jubilación«.

«En un mundo laboral en el que las empresas consideran mayores a las personas de más de 50 años es difícil llegar a la edad de jubilación«, recalca. En esta línea, Sabina Camacho recalca que «no podemos pedir que las personas se jubilen más tarde si no les ofrecemos empleo a partir de los 50».

Por otra parte, la presidenta de CEOMA pone en valor la aportación de las personas veteranas al mercado laboral y cómo «estas cualidades redundan en beneficio de la empresa y contribuyen a su desarrollo económico». Por ello, apuesta por que se impulsen medidas que fomenten la continuidad de la vida activa como:

  • la creación de planes de carrera que fomenten este fenómeno vital
  • la promoción de la formación a lo largo de la vida
  • fijar criterios de flexibilidad organizativa
  • potenciar la transmisión del conocimiento

Para la presidenta de CEOMA, entidad sin ánimo de lucro creada para la defensa de los derechos de las personas mayores que representa a 24 organizaciones de mayores de las distintas Comunidades Autónomas, al margen de la economía, fomentar la vida activa «es necesario socialmente y ayuda a reducir los costes socio-sanitarios y a prevenir la dependencia«.