El “Informe y conclusiones del Grupo de Trabajo de Análisis de Impacto de la Covid-19 en las Residencias” elaborado por el Parlament de Cataluña es para L’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) una oportunidad para abordar los principales retos a los que se enfrenta el sector de atención a las personas mayores con dependencia, como la falta de profesionales, la infrafinanciación crónica y la falta de coordinación social y sanitaria.
Precisamente, estos dos últimos puntos tiene un especial protagonismo en las constataciones y conclusiones del informe. Por lo ello, desde ACRA se considera que es urgente abordarlos para lograr el mejor sistema de derechos sociales posible y, al mismo tiempo, minimizar los riesgos de futuro de la atención a la Dependencia.
Tal y como señala Cinta Pascual, Presidenta de ACRA, “tendremos nuevas pandemias y no debemos repetir la misma historia; no nos lo podemos permitir”. A su juicio, “se necesitan más recursos humanos, materiales y económicos, así como una mayor coordinación social y sanitaria”. Para la patronal catalana, estos elementos son esenciales no solo para evitar efectos similares a los sufridos durante la Covid-19, sino también para tener un sector de mayor calidad, robusto y referencial.
En este sentido, el sector de atención a la Dependencia precisa de «más financiación para mejorar las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la mejor atención a los usuarios”, explica Pascual, que alerta sobre el envejecimiento de la sociedad y sus consecuencias en la atención.
Y es que la generación del baby boom hará que el número de catalanes y catalanas mayores de 80 años se duplique. «En 2050, tendremos 1,8 millones de personas en este grupo poblacional, y muchas requerirán servicios de dependencia. Por lo tanto, necesitamos un pacto nacional para situar la atención a las personas mayores como el cuarto pilar del estado del bienestar«, advierte la Presidenta de ACRA.
El informe del Parlament de Cataluña también pone de relieve que la titularidad de los equipamientos residenciales no tuvo impacto en la mortalidad de las personas usuarias, una tesis defendida siempre por ACRA. Los principales elementos críticos son la edad y la fragilidad previa. Según el documento, las personas usuarias en las residencias tienen una edad media de 87 años, el 46% de ellas presentan demencia y el 51% tienen alta complejidad clínica. Además, hay una presencia muy elevada de personas en situación de final de vida, con una mortalidad anual en torno al 20%.
Por otra parte, el informe reconoce que “la colaboración público-privada es esencial” y solicita dotar a las residencias concertadas de la “financiación adecuada”. Actualmente, una residencia concertada recibe la mitad del importe público por plaza que una residencia pública.
En cuanto al cambio de modelo de inspección de las residencias propuesto en el informe, ACRA considera que lo más importante no es tanto el cumplimiento de los requisitos normativos como el cumplimiento de indicadores de resultados cuantificables, comparables, fiables, transparentes y fáciles de mantener y utilizar. Estos indicadores deben evaluar el servicio, la atención y la satisfacción de los usuarios en consonancia con el modelo de atención centrada en la persona.
Por todo ello. desde ACRA se considera que «ha llegado el momento de mirar hacia adelante, de la unidad entre personas usuarias, administraciones, organizaciones empresariales, sindicatos y familias para afrontar todos los desafíos del presente y del futuro que necesita el sector de atención a las personas mayores con dependencia».
