La actual falta de flexibilidad impuesta por la Ley de Desindexación está obligando a las empresas adjudicatarias de servicios esenciales, como los cuidados, a afrontar aumentos imprevistos en costes salariales o en las materias primas, con el consiguiente impacto en la accesibilidad a las licitaciones o la disponibilidad de los servicios prestados, lo que dificulta tremendamente también las negociaciones colectivas, advierte alianzAS, iniciativa que aglutina a nueve organizaciones del sector de los servicios esenciales.

A juicio de alianzAS, este escenario no solo conlleva perjuicios económicos para las empresas, sino, sobre todo, efectos negativos sobre los trabajadores y ciudadanos, principales beneficiarios de los servicios esenciales.

Tal y como señala Francisco Javier Sigüenza, secretario general de alianzAS, «hablamos de servicios tan básicos y diversos para la ciudadanía como la atención a personas en situación de dependencia, la atención a domicilio, los comedores escolares, las actividades deportivas, la limpieza y mantenimiento de instalaciones o la integración y normalización laboral de personas con discapacidad».

«Desde el sector de los servicios esenciales, alineados con los agentes sociales en esta reivindicación, creemos necesario reactivar con urgencia el diálogo con el Gobierno para dotar de más flexibilidad al proceso de contratación pública y así continuar atendiendo a los ciudadanos con servicios esenciales de la máxima calidad. Hay que recordar que solo las asociaciones de alianzAS representan el 2,2 del PIB y en ellas trabajan 1,2 millones de personas«. añade el secretario general de alianzAS.

La Ley de Desindexación impide la revisión de precios de una licitación pública

En la actualidad, la Ley de Desindexación, aprobada en 2015 e incorporada a la Ley de Contratos del Sector Público en 2017, imposibilita la revisión de precios de una licitación pública, independientemente, en el caso de los servicios esenciales, de los factores que incrementan los costes de toda la cadena de valor. Así, ni la inflación (del 15% en los últimos 3 años) ni hechos tan excepcionales como la guerra en Ucrania o la pandemia permiten reconsiderar los contratos.

Ante ello, en el caso de la prestación de servicios esenciales por medio de contratación pública, son las empresas adjudicatarias quienes han de cargar con la crecida de los precios derivada de aumentos de costes laborales impuestos o modificaciones en los salarios, denuncia alianzAS.

En este sentido, Francisco Javier Sigüenza, destaca que «desde que se aprobó la Ley de Desindexación en 2015, el Salario Mínimo Interprofesional ha subido un 75%. A este hecho se suman costes derivados de las obligaciones laborales fijados por los convenios colectivos o la normativa laboral básica».

Esas medidas, indica, «benefician a diversas categorías de trabajadores, pero suponen un gran riesgo que sean asumidas en exclusividad por parte de las empresas adjudicatarias cuyos contratos hayan sido iniciados antes de la aprobación de dicha medida».

Además, las compañías adjudicatarias, también resaltan que la actual legislación les perjudica en un contexto en el que los contratos se pueden incluso prorrogar unilateralmente por parte de la Administración, estando vigentes muchos años. Adicionalmente, el sector denuncia un «agravio comparativo» con respecto a otros, como el de obra pública, donde sí se ha producido un diálogo que ha posibilitado la revisión de precios.

Como resultado de ello, muchas empresas se ven obligadas a renunciar a contratos que ya habían obtenido o que incluso ya están ejecutándose. Asimismo, otra consecuencia grave son los concursos de adjudicación que quedan desiertos: el 29% en 2022, 11 puntos más que en 2019, según la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon).

Dado este contexto, alianzAS reivindica la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos públicos ante cambios normativos, acuerdos de negociación colectiva, variaciones o alteraciones de los costes de precios regulados por normativa estatal. También ante el aumento de costes laborales una vez la adjudicación ya se está ejecutando.

Esta entidad muestra su confianza en establecer un diálogo con la Administración Central para actualizar el marco legal que les permita continuar siendo motor económico y social en nuestro país.